El Cuerpo Colegiado integrado por el Defensor del Pueblo de la Nación y un grupo de cinco ONGs (Asociación Vecinos de La Boca, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), y que por disposición de la Corte Suprema controla el Plan de Saneamiento del Riachuelo, denunció este lunes que el Estado Nacional ha incurrido en reiteradas violaciones de las obligaciones establecidas en el fallo del máximo Tribunal que ordenó la recomposición de la Cuenca.
Lo hizo al presentar un documento titulado “A nueve meses del fallo de la Corte” en donde realiza un balance de lo actuado por la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), responsable de la ejecución y cumplimiento de la sentencia de la Corte.
El Cuerpo Colegiado reclamó además que se establezca un cronograma para que las industrias reduzcan a cero el vertido de sustancias tóxicas a la cuenca, para el año 2020.
Durante una conferencia de prensa realizada este lunes al mediodía en la Vuelta de Rocha en la Boca, los representantes del Cuerpo Colegiado hicieron público un documento en el que detallaron las reiteradas violaciones a la sentencia de la Corte Suprema (dictada el 8 de julio de 2008), entre las que destacó: la no inspección de las industrias de la Cuenca; la ausencia de planes de reconversión para las empresas contaminantes; la inexistencia de controles ambientales periódicos de la calidad del agua y el aire y de la salud de los pobladores de las zonas ribereñas; la falta de ejecución de las obras indispensables para proveer de cloacas a los municipios de la cuenca y darles adecuado tratamiento a sus residuos domiciliarios así como la ausencia de medidas para atender la emergencia habitacional de las personas que viven sobre basurales.
El Cuerpo Colegiado reclamó también a la ACUMAR que cumpla con su obligación de poner a disposición del público un sistema de información pública que permita medir el avance en el cumplimiento de los objetivos que fijados por la Corte, mejorar la calidad de vida de los habitantes, recomponer el ambiente de la cuenca y prevenir el daño futuro. En particular, entre los numerosos y reiterados incumplimientos y violaciones a la sentencia de la Corte, el Cuerpo Colegiado consideró que “el reglamento aprobado por ACUMAR no es idóneo para alcanzar los objetivos de recomposición de ambiente exigidos por la Corte”.
Ante esta situación, el Cuerpo Colegiado solicitó a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) que, en forma urgente, se establezca un meta de reducción al 50 % de un grupo de contaminantes industriales prioritarios (cromo, plomo, cadmio y mercurio) para el año 2015, como paso previo al objetivo de “vertido cero” establecido para el año 2020, tiempo en el cual debe prohibirse de forma definitiva el vuelco de sustancias tóxicas de cualquier tipo a los cursos de agua.
Al respecto, el Cuerpo Colegiado destacó que el reglamento para la determinación de las industrias y establecimientos que sean identificados como Agentes Contaminantes dictado por la ACUMAR “carece de bases ambientales sólidas”, “no contempla el control de metales pesados que hoy contaminan la cuenca” y “exime del control a la empresa AySA, a pesar de que es la mayor aportante de vertidos” a un promedio de dos metros cúbicos por segundos
En este sentido, el Cuerpo solicitó el dictado de un nuevo reglamento a la ACUMAR, que se adecué a las obligaciones establecidas en la sentencia dictada por la Corte Suprema.
También impugnó lo actuado por la ACUMAR en materia de prevención y eliminación de los basurales a cielo abierto asentados sobre los márgenes de la Cuenca, de soluciones habitacionales para las personas que viven sobre los basurales, y de diagnóstico sobre la situación sanitaria de los pobladores.
Además denunció inacción en la confección de registros y bases de datos de acceso público con las enfermedades presentes en la cuenca, y de seguimiento y asistencia de las personas enfermas.
Finalmente también mostró preocupación por la ausencia de mecanismos de consulta y participación de los residentes de la cuenca en el diseño e implementación de políticas.