Luego de exponer lo hecho y lo que falta por hacer para solucionar los problemas estructurales de la población aborigen del Chaco (en su mayoría tobas), el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti; el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, y el defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, esbozaron los lineamientos de un acuerdo que estaría plasmado en 30 o 60 días, como máximo.
Para concretar este acuerdo, deberán cumplirse las medidas ya dispuestas por la Corte en lo que respecta a la provisión de agua potable, alimentos y medios de comunicación y de transporte para los centros de salud. Todo ello, de forma sustentable en el tiempo.
Tras una evaluación integral de las políticas y acciones desarrolladas en el área, hubo coincidencias en que las obras restantes serán financiadas con aportes de los gobiernos nacional y provincial, la Defensoría del Pueblo de la Nación y el Idach.