Chaco finalizó ayer la exposición de su informe sobre la atención a poblaciones originarias de la región Impenetrable ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue en respuesta a la medida cautelar que hace dos años interpuso la Defensoría del Pueblo ante el deceso de aborígenes por la falta de atención sanitaria y alimentaria.
En la audiencia realizada en Buenos Aires, el máximo tribunal determinó que Nación y provincia deberán elaborar un programa conjunto en un plazo de un mes. La mejora de infraestructura, salud y alimentación será monitoreada por el ombudsman y el Idach.
Como resultado de la audiencia realizada ayer en Capital Federal, la Justicia definió que los estados nacional y provincial tienen 30 días para fijar planes de contención y asistencia a las poblaciones indígenas de El Impenetrable.
En tanto que el Instituto del Aborigen Chaqueño (Idach) y el Defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, controlarán la aplicación de las acciones definidas.
La decisión del presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Highton de Nolasco y Raúl Zaffaroni es consecuencia de una medida cautelar presentada hace dos años por Mondino tras evaluar si los esfuerzos de ambos gobiernos alcanza a cubrir las necesidades de una población vulnerable en extremo.
Por el gobierno nacional estuvo la subsecretaria de Políticas Alimentarias de la Nación, Irma Liliana Paredes de Periotti, y por la provincia, Jorge Capitanich, el titular del Instituto del Aborigen (Idach), Orlando Charole, y otros representantes de las partes involucradas.

Nuevos datos
Concluido el informe que los gobiernos nacional y chaqueño dieron ante la Corte Suprema de Justicia sobre las acciones que desarrollaron en favor de las comunidades aborígenes de El Impenetrable, Eduardo Mondino observó que “sigue habiendo una emergencia con riesgo para la vida de muchos de sus integrantes, lo que requiere una acción más precisa y con mayor énfasis”.
Añadió que en algunos casos se registraron avances, “pero son insuficientes y ahora la Corte le dio otros 30 días de plazo al Estado nacional y la provincia para que, con nuestro monitoreo y el del Idach, lleguen a un acuerdo y presenten un programa común de asistencia”.
Mondino sostuvo que ‘no se hizo hasta ahora todo lo que la emergencia está reclamando” y ejemplificó con situaciones alarmantes: ”El reciente fallecimiento de 9 bebés por falta de atención primaria se podría haber evitado si los agentes sanitarios hubieran llegado a tiempo”, dijo.

Falta mucho
El ómbudsman precisó que la alimentación alcanza para unos pocos días y otro tanto ocurre con el agua potable, además indicó que de 1.100 nacimientos informados por el hospital de Castelli hubo un 32 por ciento de abortos espontáneos. También indicó que en exámenes sanguíneos se detectó que un 40 por ciento de los habitantes es chagásico.
“Todo esto confirma nuestra impresión de que la emergencia y la precariedad continúan‘, añadió el Defensor del Pueblo de la Nación.
Visión provincial
Por su parte, el gobierno de la provincia comunicó que “después de una evaluación integral de las políticas y acciones desarrolladas en el área comprendida por la demanda, se esbozaron lineamientos de un acuerdo que estaría plasmado en 30 o 60 días con aportes del gobierno nacional, provincial, la Defensoría del Pueblo de la Nación y el Idach”.
El pacto buscará cumplir las medidas dispuestas por la Corte en la provisión de agua potable, alimentos y medios de comunicación y de transporte para centros de salud, apuntando a una solución estructural de la problemática.
Para el Chaco las acciones posibilitarán, mas allá de la acotada duración de la medida cautelar, “desarrollar un programa estructural con fines claramente definidos, una asignación presupuestaria e implementación de una metodología consensuada de medición en base a indicadores objetivos cualitativos y cuantitativos, para una compleja tarea en una dispersa población”.
Como miembro informante en representación del Estado chaqueño, Capitanich expuso en la audiencia los avances que se produjeron desde que inició su gestión. Entre las acciones que mencionó figuran el aumento del presupuesto del Idach, obras de infraestructura vial (ruta 68 y ruta 3), fortalecimiento de los consorcios camineros, construcción de hospitales de Pampa del Indio y Castelli, centros de salud y el plan Familiar, y provisión de agua potable, viviendas y educación.

Hay coincidencias
Al término de la audiencia el presidente del Idach, Orlando Charole, señaló que hubo “una coincidencia total con la Defensoría del Pueblo de la Nación, el gobierno de la Nación y de la provincia para la elaboración de un programa que además de resolver los problemas coyunturales brinde respuesta a las necesidades estructurales de las comunidades aborígenes”.
Reconoció que no es tarea fácil, por su complejidad y extensión, y señaló que por esta misma razón resulta sumamente valioso el consenso para su elaboración, ejecución y monitoreo.
Respecto de los avances producidos desde la primera audiencia en la Corte, hace dos años, dijo que “en esa oportunidad nuestra preocupación era el daño mortal a la población; ahora hay coincidencia en términos generales sobre lo que se hizo, aunque se discute sobre lo que cada uno considera que faltaría realizar”.
La delegación chaqueña incluyó al fiscal de Estado Osvaldo Simoni, el secretario de Planificación y Evaluación de Resultados, Raúl Codutti, y el subsecretario Hugo Martina, entre otros funcionarios. Charole estuvo acompañado por Egidio García y una nutrida delegación de aborígenes que aguardó afuera.
En tanto que comitiva nacional se completó con Horacio Iramain, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); Víctor Houdin, director de operatividad de la dirección de Seguridad Alimentaria, todos del Ministerio de Desarrollo Social; Humberto Jume, de la subsecretaría de Prevención y Control de Riesgo, y Enrique Ríos, del área Pueblos Originarios del Programa Anahi, por el Ministerio de Salud.