La Corte Suprema le ordenó al gobierno nacional y al de la provincia del Chaco la celebración de un "acuerdo de desarrollo" en esa región del norte argentino para proveer de alimentación e infraestructura a los sectores más postergados, en especial las comunidades aborígenes.
Así lo informó el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, quien además epxlicó que el plan de desarrollo deberá ser presentado en el término de 30 días.
El acuerdo deberá establecer plazos de cumplimiento y auditorías y monitoreos, de los que participarán el Ombudsman nacional y el Instituto del Aborigen Chaqueño.
La Corte emplazó así a las autoridades a cumplir con un fallo que las obliga a proveer de agua potable, alimentos, medios de transporte y de comunicación a la población más perjudicada del Chaco, especialmente a las comunidades tobas.
Mondino participó hoy de una "audiencia reservada" junto con presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti; los ministros Elena Highton de Nolasco y Raúl Zaffaroni; el gobernador chaqueño Jorge Capitanich; representantes del Ministerio de Acción Social y de los aborígenes.
"Hay cifras espeluznantes: entre junio y diciembre del año pasado murieron nueve bebés por deshidratación u otras causas perfectamente evitables. Hay un programa alimentario, pero la comida a veces no alcanza, beben de los charcos, hay abortos espontáneos, infectados de Chagas y todo eso ante un cuadro de desprotección porque los agentes sanitarios generalmente no pueden llegar a los lugares de mayor conflicto", explicó Mondino.
Por su parte, el gobierno chaqueño informó que entre todos, después de una evaluación integral de las políticas y acciones desarrolladas en el área comprendida por la demanda, esbozaron los lineamientos de un acuerdo que estaría plasmado en 30 o 60 días con aportes del Gobierno de la Nación, el Gobierno de la Provincia, la Defensoría del Pueblo de la Nación y el IDACH, partiendo del cumplimiento de las medidas dispuestas por la Corte en lo que respecta a la provisión de agua potable, alimentos y medios de comunicación y de transporte para los centros de salud, pero apuntando a una solución estructural de la problemática aborigen.
El acuerdo delineado en la audiencia ante la Corte posibilitará, mas allá de la acotada duración de la medida cautelar, y aunque se haya cumplimentado la resolución judicial, el desarrollo de un programa estructural con fines claramente definidos y la correspondiente asignación presupuestaria por parte de los gobiernos nacional y provincial, y la implementación de una metodología consensuada de medición en base a indicadores objetivos cualitativos y cuantitativos, para la compleja tarea que constituye el monitoreo de la situación alimentaria, sanitaria, educativa y social de la dispersa población aborigen.