La Corte Suprema de la Nación ordenó a los gobiernos nacional y de Chaco que elaboren en un plazo de 30 días un "acuerdo de desarrollo" para proveer de alimentación e infraestructura a los sectores más postergados de la provincia, en especial comunidades aborígenes. Así, la corte emplazó a las autoridades a cumplir con un fallo que las obliga a proveer de agua potable, alimentos, medios de transporte y comunicación a la población del norte chaqueño, en su mayoría comunidades tobas.
El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, funcionarios de su provincia, autoridades nacionales, representantes del instituto aborigen chaqueño y el ombudsman nacional, Eduardo Mondino, participaron ayer de una "audiencia reservada" con el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y los ministros Elena Highton de Nolasco y Raúl Zaffaroni.
Durante el encuentro, las autoridades presentaron informes sobre las acciones que realizaron para asistir a las comunidades indígenas en el marco de la medida cautelar dispuesta por la Corte tras una presentación de Mondino de 2007. El acuerdo dispuesto ayer deberá establecer plazos de cumplimiento y auditorías y monitoreos, de los que participarán el Ombudsman nacional y el Instituto del Aborigen Chaqueño.
Mondino dijo hoy, tras el encuentro, que en Chaco "hay cifras espeluznantes, entre junio y diciembre del año pasado murieron nueve bebés por deshidratación u otras causas perfectamente evitables". "Hay un programa alimentario pero la comida a veces no alcanza, beben de los charcos, hay abortos espontáneos, infectados de Chagas y todo eso ante un cuadro de desprotección porque los agentes sanitarios generalmente no pueden llegar a los lugares de mayor conflicto", explicó.
El director del Idach, Orlando Charole, destacó que "la emergencia alimentaria, sanitaria, habitacional y educativa fue atendida (tras el dictado de la medida cautelar) y por lo menos estamos fuera de preocupación".
"Sin perjuicio de eso hay que sostener la emergencia, los Estados nacional y provincial, en conjunto con los pueblos originarios, tenemos que seguir profundizando la atención de las comunidades indígenas", dijo a la prensa chaqueña. Charole afirmó que con las autoridades "coincidimos en entrar a atacar los problemas coyunturales que tiene la población indígena como la problemática territorial, proyectos sustentables y todo lo que se refiera a salud y educación a largo plazo".
"La Corte actuó con justicia, nunca hubo un precedente en nuestro país de que se dictara una medida cautelar de esta naturaleza que obligara a los gobiernos a concurrir en ayuda humanitaria a los pueblos originarios", recordó el dirigente. Las partes ya habían elevado el viernes un informe por escrito a la Corte sobre las acciones encaradas en las áreas críticas, en distintas localidades afectadas por la pobreza, falta de infraestructura y otros recursos sociales.
Capitanich expuso hoy ante los jueces los avances logrados en Chaco para atender a las comunidades aborígenes en provisión de agua potable, alimentos, medicamentos y comunicaciones viales y de puestos sanitarios. Sin embargo, entre los informes que se escucharon hoy en la Corte hubo advertencias de los observadores porque "no ha variado o lo ha hecho mínimamente" la situación de la salud.
En ese sentido, citaron la "persistente carencia de ambulancias y otros medios de movilidad" para los puestos sanitarios, fallas en el sistema de comunicación y un "lamentable estado edilicio" de varios de ellos. Asimismo, destacaron "la falta de profesionales de la salud y paramédicos" y las quejas de pobladores de comunidades tobas que aseguraron que los alimentos que reciben desde la Nación cada dos meses "alcanza para 10 a 15 días".
Respecto de la provisión de agua, dijeron que "consiste en 2 ó 3 paquetes con 6 botellas de agua mineral de un litro y medio" y señalaron que junto la entrega de alimentos "es cada dos meses", por lo cual "cuando se quedan si agua la extraen de los charcos".