Ante la llegada de una nueva zafra azucarera, el juez federal subrogante Mario Racedo espera un informe de la Unidad Fiscal Federal para Investigación de Delitos contra el Ambiente (UFIMA) para determinar el grado de contaminación que generaron 11 ingenios tucumanos. Se analiza un estudio de Gendarmería Nacional que ya confirma el daño ambiental. Todavía no se habla de indagatorias.
Ya se viene otra zafra azucarera y pasó más de un año desde que se confirmó la contaminación ambiental que generaron once ingenios azucareros de la provincia pero hasta el momento no hay avances significativos en la causa que involucra a los propietarios de las fábricas tucumanas. Según altas fuentes judiciales, el juez federal subrogante Nº 2, Mario Racedo, está esperando un informe clave de la Unidad Fiscal Federal para Investigación de Delitos contra el Ambiente (UFIMA) para ratificar o no los análisis que hasta el momento revelan altos grados de contaminación por parte de las industrias. Aparentemente, el juez quiere asegurarse sobre las pruebas que tiene en sus manos para recién avanzar en la etapa de indagatorias que obligaría a los empresarios a pisar los pasillos de Tribunales Federales.
En octubre de 2007 se conocieron los resultados de un análisis que realizó la División de Medio Ambiente de Gendarmería Nacional, en el que se constató que las muestras de agua tomadas oportunamente excedían los valores de contaminación permitidos tanto por la Nación como por la provincia. Con la firma del Jefe de esa área de la fuerza nacional, Alfredo José Poggio y de los oficiales Martín Cabral y Roberto Costa, el esperado informe confirmó que los valores de los análisis, referidos a la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y a la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), superaban los parámetros estipulados por la resolución 963/99 de la Secretaría de Ambiente de la Nación y por la resolución 1265/2003 del Sistema Provincial de Salud.
Las extracciones de líquidos se produjeron en el marco de los allanamientos que había ordenado Racedo en setiembre de ese año para investigar en qué grado contaminan los residuos tóxicos que arrojan estas fábricas en los cursos de agua que desembocan en la Cuenca Salí-Dulce. Cabe recordar que el expediente judicial se inició tras una denuncia que realizó el gobierno de Santiago del Estero para que se investigue a los responsables del desastre ambiental que generan las empresas tucumanas en los cauces de agua.
Racedo se hizo cargo de 11 ingenios y se inhibió de actuar en el resto (son 15 en total) debido a actuaciones que tuvo durante el ejercicio de su profesión en el ámbito privado. Por lo tanto, investiga los casos de los ingenios Aguilares, Bella Vista, Cruz Alta, La Florida, La Fronterita, La Providencia, La Trinidad, Ñuñorco, San Juan, Santa Bárbara y Santa Rosa. Por ello, los casos del Concepción, Marapa, Leales y La Corona, fueron remitidos al juez federal subrogante Nº 1, Daniel Bejas, quien también investiga las causas en el marco de la Ley nacional 24.051 de Residuos Peligrosos.

Qué es UFIMA
La primera Unidad Fiscal Federal para Investigación de Delitos contra el Ambiente (UFIMA) fue inaugurada en abril de 2007, a cargo del fiscal Federal Ramiro González, bajo la dependencia de la Procuración General de la Nación.
"Se trata de una fiscalía de investigación de delitos ambientales cuya sede funcionará en la ciudad de Buenos Aires. Uno de los objetivos es que se constituya en un mecanismo institucional de envergadura para mejorar los estándares de acceso a la justicia ambiental", resaltó en ese momento, Esteban Righi, titular de la Procuración General.
Si bien la UFIMA tiene real alcance federal, para una mejor distribución geográfica las fiscalías federales generales funcionarán en las ciudades de Paraná, Tucumán, Mendoza, Comodoro Rivadavia y Bahía Blanca. La sede de la UFIMA está en Reconquista 1056, cuarto piso, de Capital Federal, donde se atiende de 8 a 17, con teléfono 5327-2025/6/7 y correo electrónico fiscalambiental@gmail.com