A pesar de que el Gobierno Nacional ha anunciado recientes avances en el proceso licitatorio para la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, cada vez aparecen en escena nuevos elementos de incertidumbre.
Uno de los aspectos más cuestionables es que no existen estudios definitivos para iniciar la obra y, por lo mismo, valorarla adecuadamente.
Sin embargo, el régimen del presidente Rafael Correa pretende posicionar la idea de que existe un manejo técnico y transparente del proceso.
Si se adjudicara la obra a la empresa asiática interesada, lo primero que esta tendrá que hacer es iniciar aquellos estudios que, según estimaciones técnicas, podrían tener una duración de al menos un año.
Eso significa, si el contrato se firmara en abril o mayo próximos, que el Gobierno perdió más de tres años en el proyecto, con todo el costo económico y social que implica.
Como resultado del apresuramiento de quienes deberían tomar con seriedad y patriotismo las acciones para emprender las obras, no hay análisis concretos sobre el impacto que la ejecución del Coca-Codo Sinclair podría tener sobre otros proyectos hidroeléctricos que el mismo Régimen planea construir y en los cuales ya invierte ingentes cantidades de dinero.
Los mecanismos contractuales y societarios tampoco son claros y es probable que, en la misma línea de los cuestionados procedimientos de gobiernos pasados, el Estado termine asumiendo todos los riesgos.
No parece una actitud responsable dar “golpes de efecto” mediáticos y políticos con asuntos tan estratégicos para el futuro del país.