El 20 de abril, una semana antes de las elecciones, el presidente Rafael Correa quiere firmar como testigo de honor el contrato para la construcción del proyecto hidroeléctrico más importante del país, el Coca Codo Sinclair, que costaría unos $ 2 mil millones (valor referencial) y una capacidad instalada de 1.500 megavatios.
Con esa obra, entre otras cosas, el Gobierno promete ahuyentar al fantasma de los apagones, bajar el costo de la energía desde el 2014, año en el que empezaría a operar la central, e incluso exportar energía.
Así lo afirma Ítalo Centanaro, gerente de Coca Codo: “No hay marcha atrás, si la propuesta de Sinohydro es conveniente, el 20 de abril se firma el contrato, tal como lo ha dispuesto el presidente Rafael Correa”.
El valor definitivo se conocerá en diez meses, una vez que la concesionaria verifique las condiciones técnicas, geográficas y haga el diseño definitivo.
Eso es cuestionado por expertos que advierten sobreprecio,
sobreestimación de la capacidad de generación, estudios técnicos inconclusos y una inútil alianza con la estatal argentina Enarsa.
Hermel Flores, presidente de la Cámara de la Construcción de Quito, aseguró que no hay estudios técnicos terminados y exige demostrar que Sinohydro cumplió todos los requisitos del concurso que él cree no fue transparente, lo cual explica el escaso interés internacional, de cuatro firmas que adquirieron las bases, dos chinas presentaron ofertas técnicas y al final hubo una sola económica.
Centanaro justificó la única oferta por la crisis financiera. “Cuando (lo) fui a promocionar en Europa, los españoles, italianos y franceses me dijeron que China es el único país que tiene la plata para el proyecto”.
Los $ 2 mil millones suponen un encarecimiento del 222% frente a los $ 900 millones estimados por el desaparecido Instituto Nacional de Electrificación (Inecel), en un estudio de factibilidad de 1992, según el cual la central tendría una capacidad de 879 megavatios.
“El ministro (Alecksey) Mosquera debe explicar en qué bases técnicas se sustenta el Gobierno para haber más que duplicado el precio y la capacidad”, enfatizó Flores.
Centanaro dijo que la consultora italiana Electroconsul y técnicos del ex Inecel tienen avanzado en un 98% el estudio técnico básico. “Si antes costaba $ 900 millones para 800 megavatios, es lógico que ahora cueste un poco más del doble porque estamos hablando de 1.500 megavatios”.
Explicó que si la oferta satisface al Gobierno el contrato se firmará bajo la modalidad ‘llave en mano’ abierta. La primera fase irá de abril a febrero del 2010. Las obras y estudios se harán mediante acuerdo y financiamiento del Estado ecuatoriano y la constructora.
Luego, la contratista establecerá el valor final y, si se llega a un acuerdo, se firmaría un contrato que supone que ese precio se mantiene invariable en los cuatro años y medio que tomará la construcción. Cualquier variación en precio de materiales, estudios u otros, correrá por cuenta del contratista. Otra opción es mantener la modalidad abierta, lo cual exige acuerdos y financiamiento compartido en la etapa de construcción.
Centanaro es partidario de la primera, para lo cual garantiza un estricto plan de supervisión y control sobre la contratista.