El secretario de Gobierno del municipio capitalino, Mariano Mansilla, junto a los concejales de su partido UNE y Libres del Sur, presentaron ayer un proyecto de ordenanza para garantizar el libre acceso a los ríos Limay y Neuquén en toda su extensión.
Si la iniciativa logra el consenso en el Deliberante capitalino, las cinco islas y el 25 por ciento de las tierras ocupadas de los 28 kilómetros de extensión del Limay en la ciudad capital quedarán liberados al público en su totalidad.
“Queremos cumplir con el derecho vigente en el país de libre circulación a las costas de los ríos. Le estamos dando una herramienta a la Municipalidad para garantizar este derecho cumpliendo una función social”, dijo Mansilla.
El proyecto de ordenanza es claro y establece que en el término de 30 días de corrido a partir de la publicación de la ordenanza todas aquellas personas “públicas, privadas, que ejerzan propiedad, posesión o tenencia u ocupación por cualquier título de los predios ribereños a los ríos Neuquén y Limay, deberán despejar una banda de terreno destinada al libre tránsito de 35 metros de ancho, contado desde la línea de máxima crecida ordinaria”.
La propuesta, que ya fue presentada en el resto de los bloques del Concejo, establece una multa diaria de 200 pesos a quien no cumpla con la ordenanza una vez que entre en vigencia, y también le permite al municipio capitalino iniciar acciones judiciales en caso que el particular se resista a desocupar los 35 metros de costa.

Aval legal
Mansilla aseguró que con el proyecto presentado “no hay margen legal, ni jurídico” para que el municipio no pueda reclamar la tierra de uso público. “Ninguno de los actuales propietarios ribereños detenta títulos anteriores a la sanción del Código Civil –artículos 2340, 2639 y 2640- que regula el uso público de las riberas”.
“Es una forma más de poner sobre el tapete las formas de gobierno para garantizar los derechos de los ciudadanos. Lo lamentamos pero no podemos seguir privilegiando los intereses inmobiliarios”, dijo Alejandra Barragán, concejal de UNE, en referencia a la cantidad de emprendimientos de barrios privados que hay en la ciudad sobre la costa de los ríos y que han cercenado el paso de la gente con alambrados.
En cuanto a cómo se declarará el dominio público de estas tierras, el proyecto de ordenanza establece que se contará a partir de las crecidas medias ordinarias. “Le damos la facultad a la municipalidad de que tenga su propia medición y que se pueda garantizar también a los particulares su propia medición a través de un agrimensor”, aclaró Mansilla.
“Sabemos que van a existir perjuicios con muchos particulares y barrios privados pero esto es un bien para toda la sociedad, para que puedan circular por las costas de los ríos”, dijo el funcionario, quien aclaró que “en principio toda construcción deberá demolerse, pero podrá haber contemplaciones en caso que sean utilizados para un servicio público. Los casos concretos deberán tratarse en el Deliberante”.
También aclaró que “en el caso de los clubes va a haber una contemplación porque cumplen una función social y además están en un brazo del río no en el cauce, sí se va a exigir en la isla 132”.
En tanto, Fabricio Cascino de UNE agregó que la idea es que si esto se aprueba otras ciudades de la provincia puedan adherirse a este proyecto.