El agua ocupa las tres cuartas partes de la superficie del planeta, pero sólo 2% es agua dulce, la que nuestra especie necesita para vivir.
Desde la antigüedad fue definida como “vital elemento”, porque después del aire que respiramos, nuestro organismo necesita ingerir agua para desempeñar correctamente sus múltiples y delicadas funciones. Además, todos los órganos del cuerpo contienen agua, unos en mayor proporción que otros: la sangre es agua en 80%, el músculo en 75%, la grasa en 20%. Por todo esto es que el agua es un alimento.
Del total de agua dulce del planeta se calcula que 69% está atrapada en glaciares y nieves eternas, 30% es subterránea y el 1% restante está presente en ríos, arroyos, lagos y vertientes. Esta relación entre la importancia del agua dulce para la supervivencia humana y su relativa escasez en la naturaleza plantea el desafío monumental de preservarla y usarla eficientemente.
Como presidente del Ente Provincial del Agua y el Saneamiento, quiero destacar la importancia diferencial del agua destinada al consumo humano. No toda agua dulce en estado natural es segura para la salud; el descubrimiento de que tiene la capacidad de ser vehículo transmisor de organismos microscópicos patógenos, hace ya muchos años, abrió el camino a la comprensión de que la potabilización es una herramienta fundamental de prevención para la salud pública.
Nuestra provincia, con geografía semiárida de clima templado continental y escaso aporte pluvial, ha concentrado históricamente su población, ya sea indígena, colonial o moderna, en apenas 3% del territorio: los oasis irrigados agrícolas y urbanos.
Poseemos una trayectoria histórica diferencial en lo que a gestión y cultura del agua se refiere.
El trazado de ciudades y villas, así como la organización territorial de los espacios bajo cultivo, siempre estuvieron determinados por los sistemas de riego.
Nuestra ley provincial de Aguas, sancionada en 1888, fue complementada en 1993 por la ley provincial de Reordenamiento del Sistema Sanitario que proporcionó los ejes fundamentales del control y la regulación sobre el segmento específico del agua potable y los efluentes cloacales, sector que mueve el menor volumen del recurso hídrico, pero es el de mayor importancia dado que es el agua que bebemos y con la que preparamos nuestros alimentos.
Por otra parte, en las últimas décadas se han producido nuevos desafíos territoriales y por ende del uso del recurso más preciado de Mendoza: el crecimiento poblacional ha provocado una expansión no del todo organizada de asentamientos urbanos que avanzan sobre tierras irrigadas.
A la vez, por mejoras en las tecnologías de riego, se produce la ampliación de las fronteras agrícolas sobre zonas pedemontanas antes desiertas.
A esto, lamentablemente, se suma un notable retroceso o pérdida de cultura de los mendocinos en lo que hace al cuidado del recurso (derroche de agua potable y suciedad y basura en los cauces de riego).
Según informes de Naciones Unidas, durante el siglo XX el consumo de agua en el planeta se multiplicó por seis, es decir que aumentó más del doble que la población. Cada año mueren más de 2,2 millones de personas, la mayoría de ellas de países en desarrollo, a causa de enfermedades relacionadas con las condiciones deficientes del abastecimiento de agua y el saneamiento.
En todo momento la mitad de las camas de los hospitales de todo el mundo están ocupadas por pacientes que padecen enfermedades transmitidas por el agua. Todas las semanas mueren unas 42.000 personas a causa de enfermedades relacionadas con la escasa calidad del agua potable y la falta de saneamiento. Más de 90% de esas personas son niños menores de 5 años.
En 2005 la diarrea y el paludismo, ambos relacionados con la calidad del agua de bebida, ocupaban el tercer y cuarto lugares respectivamente entre las principales causas de muerte de niños menores de 5 años, y significando 17% y 8% de todas las muertes (OMS, 2005).
Las problemáticas y desafíos relacionados con el consumo de agua potable deben ser destacados claramente, porque mientras la oferta es constante, la demanda va en aumento progresivo, no sólo por el incremento de la población, sino además por modalidades de desarrollo y de consumo que generan una demanda casi descontrolada.
Este desequilibrio entre oferta y demanda ha generado una brecha cuya solución implica activas y sistemáticas políticas públicas para el sector. Es aquí donde la falta de inversión en infraestructura sanitaria cobra su real dimensión como carencia, incluso como “fracaso colectivo”, tal como lo plantean la Organización Mundial de la Salud y Unicef (“Alcanzar los Objetivos del Milenio en agua potable y saneamiento” - Prólogo).
Más aún, la OMS planteó hace ya tiempo un análisis de costos y beneficios del sector y demostró que cada dólar invertido en el mejoramiento de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento puede dar un rendimiento para el sistema de salud de entre 4 y 34 dólares, según la región.
Concebimos entonces la infraestructura sanitaria como herramienta que permite prestar un servicio público esencial. El agua, para ser potable, demanda un proceso y una infraestructura de producción, así como una de distribución que permita poner el producto en los domicilios.
Este concepto nos introduce en la idea de un bien fabricado cuyo valor económico debe ser asumido por los usuarios. Ello conlleva la necesidad de contar con tarifas justas y razonables que posibiliten que el servicio pueda expandirse planificada y eficientemente.
Como vemos, el acceso al agua es una necesidad humana innegable en un escenario complejo. Más aún, hablamos de Derecho Humano al Agua como categoría jurídica incipiente que necesita todavía superar la mera existencia discursiva con un mínimo de colaboración, coordinación y solidaridad entre estados y organizaciones.
Mendoza posee una cobertura de 86% en agua potable y de 78% en cloacas. No es despreciable, pero hay que trabajar, y mucho, para superar diferencias entre zonas urbanas y rurales, para acercar las condiciones de vida de los habitantes de distintos departamentos, y para tomar las medidas útiles y necesarias que permitan mejorar los servicios en las zonas que registran mayor crecimiento demográfico: Gran Mendoza (sobre todo Maipú y Luján de Cuyo), San Rafael y San Martín.
En la última década, mientras La Pampa recibió fondos nacionales para infraestructura sanitaria equivalentes a $ 933 por habitantes y Formosa $ 284, Mendoza se conformó con $ 3,18. La última gran obra sanitaria que implicó un incremento importante de producción de agua potable para el Gran Mendoza (2, 60 m³/s) fue la inauguración de Luján I en 1972.
En ese momento el oasis norte contaba con una población de 572.700 habitantes (Censo Nacional 1970), hoy tiene 1.096.000 (proyecciones de la DEIE- Gobierno de Mendoza).
La Ley provincial 6044/93 que reordenó el sistema sanitario y dio origen al EPAS planteó para éste, como una de sus Misiones, “Garantizar el mantenimiento y promover la expansión del sistema de provisión de agua potable y desagües cloacales e industriales” (Título I Art 2).
Es imperativo que los diversos actores institucionales y sociales que confluyen en el sector sanitario, cada uno desde sus especificidades pero en forma mancomunada, trabajen activamente para superar de manera planificada el déficit de infraestructura existente. Para ello estamos concretando la llegada de fondos nacionales e internacionales y hemos propuesto y ya fue promulgada por el Gobernador la nueva Ley Canon (Ley Prov. Nº 8016/09).
Estamos seguros de que al ordenar el sector sanitario aportamos sustancialmente a la preservación del recurso agua, la organización y gestión del territorio y el ambiente, y la reducción de riesgos. Porque una sociedad que trabaja para el mejoramiento de los servicios sanitarios propicia la salud de sus habitantes, la calidad de vida de sus familias y el desarrollo armónico de las comunidades.

*Presidente del Ente Provincial del Agua y el Saneamiento de Mendoza111 (EPAS)