Impulsado por el diputado Martín Berhongaray, el bloque parlamentario del Frente Cívico y Social (Frepam) presentó ante la Legislatura provincial un pedido de informe para saber qué hizo el gobierno pampeano para exigir el cumplimiento del acuerdo firmado con Mendoza en agosto del año pasado.
El pedido de informes, dirigido al Poder Ejecutivo provincial, indaga en las razones por las cuales "el gobierno provincial no exige el cumplimiento del convenio marco suscripto el 07.08.08 entre el Ministerio del Interior y las provincias de La Pampa y Mendoza", en particular el inciso 'k' de la cláusula décima del acuerdo.
Se trata de un inciso de carácter operativo que obliga a Mendoza a liberar un caudal que llegue hasta el territorio pampeano. El inciso habla de "un mínimo de escorrentía permanente" en el ingreso del río a La Pampa. Este inciso le pone fecha a esta orden: "a partir de la fecha de suscripción del Acuerdo Marco". Esto ocurrió el 7 de agosto del año 2008 en la ciudad de Mendoza.
El río escurrió por territorio pampeano hasta los últimos meses del año 2008, pero por razones naturales y no por voluntad de Mendoza. Hacia noviembre, la corriente cesó y desde entonces el cauce está seco.
"En abierta violación a lo establecido en el inciso "k" de la Cláusula Décima del Convenio Marco sobre el Río Atuel, la provincia de Mendoza persiste en realizar un manejo discrecional del recurso hídrico negando el mínimo de escorrentía permanente correspondiente a La Pampa", sostuvo Berhongaray al fundamental su pedido.
El diputado, de profesión abogado, aclaró que la exigencia del inciso k "es independiente de la ratificación del acuerdo por parte de los Poderes Legislativos de las provincias firmantes", que es el argumento utilizado por los sectores oficiales para justificar que el acuerdo aún no haya entrado en la faz operativa.
El requisito de la aprobación legislativa sólo es aplicable "para hacer efectiva la asistencia financiera del Estado Nacional y asegurar que no habrá reclamos que entorpezcan la ejecución de las obras", explicó el legislador. "En suma, la ratificación legislativa no debiera afectar, detener ni obstruir en modo alguno la operatividad de lo dispuesto en el inciso "k", esto es, que Mendoza garantice que el río Atuel llegue a La Pampa", remarcó.
Con este escenario, Berhongaray denunció que "la provincia de Mendoza viene incumpliendo sistemáticamente el compromiso contraído el 8 de agosto de 2008 obstaculizando "el mínimo de escorrentía permanente" perteneciente a la provincia de La Pampa".
"Cabe preguntarse -abundó- cuál es la posición del Gobierno Provincial frente a tal flagrante violación de lo convenido. Los acuerdos se celebran para ser respetados; existen canales institucionales y legales para exigir su cumplimiento y evitar el manejo arbitrario y discrecional del recurso hídrico por parte del gobierno mendocino".
Por ello, su intención -compartida por el resto de los diputados del bloque opositor- es saber qué han hecho los funcionarios pampeanos para exigir el cumplimiento de esta cláusula.

Representantes.
El pedido de informes pregunta también si el gobierno ya designó sus representantes en la Unidad de Coordinación Técnica del Río Atuel -un órgano contemplado también en este acuerdo interprovincial-, pide precisiones sobre la inversiones que le corresponderá a La Pampa en el plan de obras, si hay alguna partida contemplada para este año y si ya se determinó el cronograma de trabajo para las obras de impermeabilización.
"Esperamos una pronta respuesta a las inquietudes planteadas y que el convenio marco sobre el río Atuel no se erija en un nuevo fraude a las ilusiones y expectativas de los pampeanos", advirtió el diputado radical.

Foto: Archivo Programa Infoagua