Hace 14 días que los seis tanques con mil litros de agua potable (cada uno) dejaron de ser recargados por la SAT ni por la municipalidad de Graneros. Desde entonces, la delicada situación sanitaria que padecen las 30 personas que viven en la localidad de El Rodeo, a orillas del arroyo Matazambi, volvió a agravarse considerablemente. A fines de enero, el juez federal subrogante Nº 1, Daniel Bejas, ordenó a la SAT proveer en forma urgente de agua potable a un grupo de familias de escasos recursos económicos, tras una denuncia realizada por la ONG Unión de Vecinos del Sur (Univec). El magistrado analizó un informe del Siprosa que da cuenta del estado de insalubridad del agua en la zona y sobre la contaminación del arroyo Matazambi, afectado por arsénico y desechos que provendrían piletones de tratamiento ubicados en la localidad cercana de Los Guayacanes. Sin embrago, la orden del juez, hace dos semanas que dejó de cumplirse, según acusaron desde Univec.