El subsecretario de Gobierno, Mariano Mansilla, junto a los concejales de su partido UNE, acompañados por Mercedes Lamarca de Libres del Sur, hicieron público el proyecto que pretende liberar el camino de sirga en toda la extensión de los ríos Limay y Neuquén.
La propuesta se sustenta en tres artículos del Código Civil, donde se establece que los propietarios limítrofes con los ríos o con canales que sirven a la comunicación por agua están obligados a dejar una calle o camino público de 35 metros sin indemnización.
La definición “camino de sirga” se remonta a una vieja costumbre cuando los barcos eran remolcados desde la orilla de los ríos por medio de cuerdas gruesas que se llamaban “sirgas”. La navegación “a sirga” podía hacerse por hombres, animales o motores. El camino que debían dejar los ribereños era para facilitar este tipo de navegación, una práctica que hoy es obsoleta. Sin embargo, la definición de lo que es este tramo que se pone en discusión entre la ribera y la propiedad privada sigue vigente. “No hay margen legal ni jurídico para que el Municipio no pueda reclamar la tierra de uso público”, afirmó Mansilla. Agregó que aquellos dueños de terrenos que detenten el título de propiedad seguirán siendo dueños pero deberán ceder los 35 metros que se continúan desde la línea de máxima crecidas ordinaria.
Con el debate surgieron interrogantes: ¿qué pasará con todos los nuevos barrios privados en desarrollo que extendieron sus límites hasta la ribera?, ¿cómo será la reacción de algunos otros propietarios de barrios que ya están consolidados sobre el camino de sirga desde hace tiempo?
Mansilla expresó que no hay opciones y los propietarios deberán ceder; pero en algunos casos, donde corresponda, el Deliberante concederá excepciones. Otros manifestaron que si esto es así, el Municipio deberá comprar las tierras para evitar una catarata de juicios al Estado.
Seguramente si el Gobierno acepta y define esta política, si el Estado avala la ley, la norma estará vigente y deberá cumplirse, porque es la única manera de que se concrete este proyecto, si se toma la decisión política de hacerlo a través de una norma que así lo determine. Si esto sucede, la norma establecerá precedente en una provincia donde los ríos son atravesados por alambres de privados y aún no tiene legislación que aborde este tema. Pero también arribarán al Deliberante pedidos de excepciones porque en algunos casos fue el Municipio el que autorizó los proyectos de los barrios privados a la ribera del Limay.
Habrá que evaluar hasta dónde es posible liberar ese 25 por ciento de tierras ocupadas por privados, y hasta dónde será una cuestión declarativa. Quedan dudas en dónde está el límite de lo que es una expresión de deseo y una posibilidad concreta. Lo que queda claro es que no permitirá, una vez sancionada la norma, que nuevos emprendimientos se asienten en el “camino de sirga”.
Los partidos que presentaron esta iniciativa están marcando una línea política concreta sobre cómo gobernar sobre los derechos del ciudadano. Habrá que ver si la iniciativa encuentra aval en el resto de los bloques y en el intendente Martín Farizano. El debate está abierto y muchos ya pusieron sus dudas sobre una posible concreción.