La reciente conmemoración del Día Mundial del Agua -que incluyó encuentros científicos y políticos en varias ciudades del mundo- volvió a mostrar a técnicos, dirigentes, funcionarios públicos y representantes de organizaciones no gubernamentales, profundamente preocupados por la evolución demográfica y la expansión industrial, en un contexto de grave escasez de agua dulce y su degradación por contaminación.
Como ocurre con la energía, el mundo enfrenta ahora una barrera a su expansión demográfica, tecnológica y social: la falta de agua, por la que, se vaticina, se agravarán los enfrentamientos internacionales.
En las ceremonias del Día Mundial Agua durante el mes pasado, no hubo cambios en la interpretación de lo que le pasa a la humanidad: cientos de millones de personas se debaten en la absoluta escasez de agua para su subsistencia; las condiciones climáticas modifican el hábitat aceleradamente; la contaminación limita aún más la disponibilidad del elemento y esa ecuación asfixiante condiciona y distorsiona no sólo la evolución de la economía, sino el gravísimo problema moral de la marginación de buena parte de la población del mundo de las mínimas condiciones de vida.
En Mendoza, nuestros científicos -varios de ellos asociados a grupos técnicos internacionales y premiados por sus estudios- han demostrado que el calentamiento global incidirá también en el clima regional y provocará -entre otros males- drásticos cambios en la disponibilidad del agua.
Predicen que aumentará la temperatura ambiental, disminuirán las precipitaciones en las cuencas altas de cuyos glaciares se nutren nuestros ríos y a la vez, irán aumentando y tornándose más violentas las precipitaciones en el llano, elevando las proporciones de humedad medio ambiental a niveles muy superiores a los que han sustentado la producción regional y la vida en la ciudad y el campo.
Esto demanda de nuestras clases dirigentes -científicos, funcionarios, empresarios, representantes de ONG- la construcción de una política de Estado que perdure por sobre los alternativos cambios de gobierno: medidas que propicien una rápida readaptación de Mendoza y la región a las nuevas condiciones que nos plantea la Tierra.
Porque vivir y producir en este cono sur americano ya no será lo mismo en el futuro inmediato y ambos propósitos dependerán de la capacidad que tengamos para asumir el cambio climático, preservar la naturaleza, corregir la cultura del uso y administración del agua escasa.

Es una misión urgente y vital.
Todo el entramado público debe tener como norte inmediato ayudarle a la región a readaptarse a la nueva geografía que le tocará vivir, preservar su escenario vital, que ya está evidenciando su transformación.
No obstante la clara mejora en la inversión pública durante los últimos años, hemos analizado insistentemente en nuestras páginas la necesidad de multiplicar la capacidad de embalse de nuestros ríos (deficitaria en los oasis norte y centro), cuidar celosamente el equilibrio de los acuíferos subterráneos (amenazados los de la zona centro-norte, donde se asentaron grandes emprendimientos vitivinícolas y conserveros), promover una rápida modernización de nuestros sistemas de riego agrícola (menos del 10% de nuestra superficie bajo riego ha instalado goteo, aspersión u otros métodos de uso más racional de los caudales escasos), apurar, además del endicamiento, la impermeabilización y corrección de nuestra red regional de canales distribuidores (globalmente, solo el 15% ha sido modernizada).
Esta política de gesta urgente ante el cambio climático demanda cumplir con los viejos planes de instalar medidores de agua potable en toda la geografía abastecida.
Esto demanda, naturalmente, debatir y readaptar nuestra legislación del agua, adecuando políticas de suministro en función del derecho social y del costo que implica preservarla.
Lo cual significa propiciar una política tarifaria que incentiven el ahorro y el uso racional, en contraposición al derroche inescrupuloso, tanto en el campo cuanto en las ciudades.
De hecho, los índices de uso del agua escasa en los centros urbanos y suburbanos están en Mendoza notoriamente por encima de los límites del derroche.
La dirigencia política debe tener en la Cruzada del Agua su máxima preocupación, tanto como la que procura asegurar la seguridad ciudadana.
Y esto es transversal a todo el Estado: a los funcionarios del Ejecutivo, a los legisladores, a los ingenieros de Irrigación, a los de Hidráulica, a la Secretaría de Medio Ambiente, a los técnicos y científicos de los organismos nacionales y provinciales -Ianigla, Cricyt, INV, INTA, etc.-, a quienes procuran desde hace décadas actualizar la Ley de Suelos, la legislación sobre el Uso del Agua y el diseño del Plan Ambiental que demandan los nuevos tiempos.