La entidad ambientalista Fundación Ciudadanos Independientes (FUCI) presentó una denuncia a la Corte Suprema de la Nación pidiendo que ordene a peritos de afuera de la provincia constatar que los glaciares vecinos a la mina Veladero no están recibiendo un impacto directo e irreversible, a raíz de la explotación minera que se realiza en la zona.
"Le pedimos que dicte una resolución exigiendo con certeza que los cuerpos de hielo no se están impactando en forma directa ni están recibiendo impacto irreversible, como indica el artículo 356 de la ley minera 24.585 que protege el equilibrio ecológico en la cordillera", dijo ayer Guillermo Toranzo, vicepresidente de FUCI. "Es que no tenemos certeza de que el gobierno y las mineras estén trabajando conforme a la ley ambiental minera y de medioambiente cordillerano, fundamentalmente en la protección de cuerpos de hielo de agua dulce en estado sólido, que es como entendemos a los glaciares", agregó.
La entidad ya había presentado otra denuncia en defensa de glaciares, pero a la Corte de la provincia, en 2004 (ver aparte).
La presentación -que se realizó el viernes pasado, pero recién se anunció ayer- consistió en 102 fojas y 10 sobres probatorios conteniendo fotos y documentos fílmicos donde se observan diferentes actividades supuestamente contra los glaciares, tales como el derretimiento del hielo por medio de sopletes o diferentes tipos de explosiones que se realizan en la zona de Veladero como parte de la actividad de la explotación minera.
Toranzo explicó que la demanda se entabló contra el Estado Nacional, la provincia de San Juan, la empresa Barrick, el secretario de Minería, Felipe Saavedra; y que se extendió también a las otras empresas que realizan o realizarán actividad minera en la provincia, tales como Gualcamayo y Casposo, "porque allí también hay glaciares", dijo.
El abogado agregó que se ha recurrido a la Corte Suprema por medio de una acción declaratoria que se denomina legalmente "Acción de Competencia Originaria", la cual permite evitar las presentaciones previas en la justicia provincial, y además se resuelve en forma rápida, se expide en alrededor de 30 días.
El argumento para realizar este tipo de denuncia directa a la Corte es que se están afectando glaciares de frontera, ya que la ubicación de Veladero está cerca del límite con Chile. Y cuando hay en juego derechos de países la única que puede intervenir es la Corte Suprema. Pero además, los denunciantes entienden que hay derechos jurisdiccionales afectados, provincias que también reciben el agua de los glaciares cordilleranos, como La Pampa, Río Negro, Mendoza, San Luis y Buenos Aires. "El agua de los glaciares en definitiva desemboca en el Mar Argentino, a través de los ríos que las atraviesan y ninguna de las provincias mencionadas pudo opinar respecto a si están de acuerdo en cómo se hacen los trabajos", dijo Toranzo. "Cuando hay conflictos de vecinos entre provincias, también interviene la Corte", agregó.
En definitiva, los miembros de la FUCI quieren que la Corte de Justicia designe peritos que inspeccionen y levanten informes respecto a si las explosiones y demás trabajos mineros en cordillera "no están disminuyendo la calidad y cantidad de agua". "No somos anti-mineros, pero queremos que se sinceren las cosas y si se está afectando el agua, que la paguen", dijo Silvia Villalonga, presidenta de la entidad.
La denuncia de la FUCI se produce en momentos donde se discute en el Parlamento una ley de protección de glaciares, tras el veto presidencial a una norma que había sido aprobada por unanimidad. Justamente la semana pasada en Diputados se realizó una audiencia pública en defensa de la anterior norma, convocada por el diputado Bonasso y en la que participó el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino. Éste dijo allí que podría llegar a presentar una denuncia a la Corte por la protección de los glaciares.

La anterior
En abril de 2005 la FUCI hizo una presentación judicial ante la Fiscalía de Instrucción Nro 1 para que la Justicia investigara si la empresa minera Barrick, que explota Veladero, omitió declarar zonas de glaciares en su informe de impacto ambiental del proyecto. Ayer, la presidenta de la entidad dijo que la causa duerme desde entonces y que por eso presentaron una acción de queja