El Concejo Deliberante aprobó con el voto de todas las bancadas, que los usuarios residenciales que no tengan el caudalímetro en sus domicilios deberán pagar cuatro veces el monto de la factura emitida por la Administración Municipal de Obras Sanitarias (Amos).
Además, se convalidó otra ordenanza que obligará a los vecinos que viven en zonas con red cloacal a que se conecten a la misma.
Más allá de tecnicismos, estas normas implican un aumento en la presión tributaria que aplica el municipio, y que en medio del contexto de crisis, posibilitarán sumar recursos a las arcas del Estado local. En este contexto debe recordarse que el siete por ciento de los usuarios no tiene medidor
En enero de 2004 se había establecido la obligatoriedad de la instalación del medidor de agua, como una medida para promover el uso racional de este bien tan preciado. Desde entonces la población respondió progresivamente en la adhesión a esta medida, llegándose a la situación actual en que sobre un total de 22 mil cuentas de usuarios, unos 1.500 aún no cumplieron con este requisito.
La modificación en el monto del recargo abarcará a las seis categorías en las que está segmentado el universo de usuarios, que va desde los clientes residenciales, locales gastronómicos, lavaderos hasta establecimientos que se dedican a la fabricación de bebidas. La modificación en los casos de grandes consumidores va desde un monto fijo que establecía la anterior ordenanza a la aplicación de un adicional del 600% sobre la factura.
El presidente del bloque de Unión para el Cambio, Roberto Podadera, explicó que “a través de esta corrección de la ordenanza se está facultando al Departamento Ejecutivo que previa comunicación a que coloquen los medidores se aumente lo que tienen que pagar”.
Podadera resaltó que hay frentistas que prefieren pagar el doble del consumo, pero utilizan el agua para llenar sus piletas o la emplean para otras actividades, por lo que esta conducta les rinde un beneficio económico.
“Para un uso más racional de este vital elemento, que es tan caro para los sanfrancisqueños, los funcionarios de Amos instaron al Departamento Ejecutivo a hacer estas modificaciones”, apuntó el edil oficialista.
Por otra parte, y a través de una ordenanza diferente, los ediles de San Francisco determinaron una fuerte sanción a los frentistas, que estando dentro del área que dispone de red domiciliaria de cloacas, no se conectan a la misma.
En este caso se duplicará el monto que se cobra por la prestación de ese servicio.
De la factura de Amos que se paga mensualmente, dos tercios corresponden al servicio de agua potable y un tercio a las cloacas.
“Por este año será así, el año que viene es muy factible que sea mayor ese índice”, aseguró Podadera.
Según la legislación vigente, los vecinos tienen un plazo de un año para conectarse a la red de cloacas a partir de que se habilite el ramal.
Luego de ese plazo tope se comienza a penalizar la falta de conexión al servicio.
Simultáneamente con el citado proyecto de ordenanza se aprobó la implementación de un mecanismo para solucionar los problemas de facturación a raíz del elevado consumo, derivado de pérdidas en la instalación domiciliaria.
Es así que se tomará un prorrateo de los dos últimos años para deducir el consumo que correspondería en circunstancias normales.
Los reclamos por supuestos errores de facturación, y que en realidad surgen de problemas derivados de pérdidas en las cañerías, son la principal causa de planteos de reconsideración en las oficinas administrativas el ente que maneja el servicio de agua y cloacas en la ciudad de San Francisco.