Un ruido poco usual en una de las turbinas de la Central San Francisco en noviembre de 2007, cuatro meses después de su inauguración, llamó la atención de los técnicos de la planta.
Esta fue la primera señal de que algo no andaba bien. Para junio de 2008, las fallas eran insostenibles y obligaron a paralizar la central. Ayer, el informe definitivo de auditoría reveló que existieron fallas en la construcción de esta central, que estuvo a cargo del consorcio Odebrecht, Alstom y Va Tech.
La auditoría, presentada en rueda de prensa, estuvo a cargo de la consultora italiana Electroconsult, contratada por Hidropastaza y el Fondo de Solidaridad (FS), empresas estatales propietarias de la obra.
La primera observación que emitió la auditoría es que existieron fallas en la construcción del túnel de conducción.
Se trata de una infraestructura de 11 kilómetros de largo por 7 metros de diámetro que transporta el agua del río Pastaza desde la Hidroeléctrica Agoyán hasta la casa de máquinas en San Francisco, donde se ubican las turbinas que generan la energía.
La constructora debía poner 11 000 pernos para un mejor soporte de las paredes interiores del túnel, pero puso 1 225; debía poner dos capas de hormigón (cemento) en las zonas de alto riesgo geológico, pero puso solo una; debía cubrir 2 540 metros de hormigón dentro del túnel pero solo cubrió 820 metros. Y el hormigón y los pernos colocados no fueron instalados adecuadamente, dice el informe.
El constructor tampoco limpió el túnel antes abrir las compuertas para el ingreso del agua.
“Se hizo un mal trabajo. Es absurdo... Al final de la construcción no hicieron la limpieza, dejaron pedazos de madera, de hierro, de todo”, explicó Francesco Cavalli, de Electroconsult.
Estos materiales, arrastrados por el agua, impactaron en las turbinas y afectaron su funcionamiento, a tal punto que hoy deben cambiarse.
La suma de estos hechos provocó la paralización de la central San Francisco entre el 6 de junio y el 17 de octubre del año pasado, solo 12 meses después de su inauguración.
La planta dejó de entregar 230 megavatios de potencia, energía suficiente para abastecer de energía a dos provincias como Tungurahua y Cotopaxi. Ecuador evalúa en USD 210 millones los daños causados por la compañía al país. Las reparaciones se harán hasta 2011.
El presidente del Directorio del FS, Jorge Glas, indicó ayer que el país cobrará esta deuda por la vía legal. Para ello, iniciará demandas civiles y penales en contra de Odebrecht.
Esto incluye juicios por presunto delito de peculado en contra de la constructora por subir en USD 30 millones el costo de la obra, debido a la devaluación del real brasileño frente al dólar; y por subir otros USD 13,6 millones al costo de la central para acelerar su construcción.
Glas no reveló cuándo y dónde se seguirán esos procesos, pues todavía se alista la estrategia. Pero, según un informe de diciembre de 2008 de la Contraloría, las responsabilidades también recaen en Hidropastaza, y en la fiscalizadora Furnas por no haber advertido de estas falencias, antes de entregar la obra.
Hidropastaza aprobó los aumentos de costos de las obras hasta 2006 y suscribió las actas que certifican la buena calidad de los trabajos, en 2007, en este Gobierno, incumpliendo así sus labores de control. Glas sentenció que funcionarios de Odebrecht y del Estado serán investigados.
“Estamos seguros de que cualquier tribunal en el mundo le dará la razón al país y no existirá rincón en el mundo donde no persigamos a Odebrecht para ejecutar la sentencia que será favorable al país”, dijo un efusivo Glas.
En un comunicado difundido por la prensa brasileña, Odebrecht dijo que en el contrato existe una cláusula arbitral que puede ser usada. Según el artículo 37 del contrato, “cualquier disputa será resuelta de acuerdo a las reglas de arbitraje de Ecuador (...)”, la sede será Ambato.
Las acusaciones del Gobierno se basan en un informe contratado por ellos, cuyo contenido es desconocido por nosotros. “No es un informe definitivo”, acotó Odebrecht.

La cronología
En 2000, en el gobierno de Gustavo Noboa, se firmó el contrato entre Hidropastaza y Odebrecht, Alstom y Va Tech para construir la central.
La planta se inauguró en junio de 2007. Las instalaciones presentaron fallas un año después. Estuvo paralizada entre junio y octubre de 2008. El 13 de octubre de 2008 el Gobierno expulsó a Odebrecht del país.
En noviembre de 2008, Ecuador inició un arbitraje planteado ante una corte de París, Francia, en contra de la compañía Odebrecht. Con ello busca frenar el pago de un crédito del Banco de Desarrollo de Brasil por USD 242 millones para construir la central.