A través de un comunicado difundido por la prensa local, el consorcio brasileño rechazó las "acusaciones precipitadas" de estafa y peculado que el pasado 7 de abril hizo Jorge Glas, presidente del Fondo de Solidaridad de Ecuador, entidad encargada de la gestión de las empresas eléctricas nacionales.
La empresa constructora brasileña Odebrecht rechazó este lunes las acusaciones de estafa y peculado que el Estado ecuatoriano vierte sobre ella por fallos en la construcción de la central hidroeléctrica San Francisco, en el centro andino del país.
Glas afirmó en ese momento que, con base en un informe realizado por una consultora italiana, Ecuador exigirá a Odebrecht aproximadamente 210 millones de dólares más intereses en compensación por las paralizaciones y las reparaciones que el Estado ecuatoriano ha tenido que realizar tras la finalización de la obra.
A ese respecto, Odebrecht afirma en el boletín que no "ha conocido el estudio" de la consultora internacional y que no ha tenido "la oportunidad de expresar su opinión técnica".
Además, hace hincapié en que la construcción de la central hidroeléctrica se "ejecutó de conformidad con el contrato firmado" y que ese contrato pasó por "todas las inspecciones, revisiones y aprobaciones previstas en la ley ecuatoriana".
El caso de Odebrecht ha generado tensión diplomática entre Quito y Brasilia desde octubre de 2008, cuando Ecuador decidió expulsar del país a la compañía brasileña luego de detectar supuestos fallos estructurales en la construcción de la hidroeléctrica.
De acuerdo con Odebrecht, la central "se encuentra en servicio desde el 14 de octubre de 2008, cuando reinició su operación comercial, después de que se recuperaran los problemas detectados" en junio de ese año, para lo que Odebrecht "ha prestado de buena fe todo su contingente y recursos".
Asimismo, la brasileña denuncia que pese a su actitud conciliadora, Ecuador ha expedido decretos ejecutivos "que ordenaron la militarización de los campamentos y oficinas y la terminación de todos sus contratos", así como "la revocatoria de visa de sus funcionarios y ejecutivos".
La constructora informa de que ha solicitado un informe técnico a una empresa internacional "con el propósito de esclarecer los hechos relacionados con la interrupción temporal de la central" y se declara abierta al diálogo con las autoridades ecuatorianas para "intercambiar análisis, opiniones y estudios técnicos".