La idea es que el fondo para obras pública se conforme íntegramente con por el total de lo que recaude el Municipio en concepto de contribución por mejoras, pago exigido a aquellos vecinos que resulten beneficiados por una obra pública. Por ejemplo, el paso por el frente de sus casas de la red de cloacas, de la construcción de asfalto o del cambio a nuevo del sistema de iluminación, entre otras obras. El caso es que el frentista está obligado a abonar un porcentaje -reglado por normativas vigentes- del costo final de los trabajos.
“Consideramos oportuno afectar el total de lo ingresado por mejoras para volcarlas en pequeñas obras barriales que son reclamadas por el conjunto de los vecinos de Paraná”, dice el concejal Gabriel Molina (PJ), al referirse a la importancia de atender la demanda de infraestructura menor en los distintos sectores de la ciudad con recursos específicos. Es que, de lo contrario, aseveró que los ingresos por contribución por mejoras seguirán engrosando “la cuenta llamada ´rentas generales`, cuyo destino es definido por el Ejecutivo Municipal. De terminar sancionada la iniciativa, la recaudación por mejoras deberá emplearse solamente en obras pequeñas, asevera Molina.

REFORMA. La creación del fondo fue introducido en un proyecto de ordenanza que propone modificar el artículo 60 del Código Tributario Municipal (ordenanza 8.774). El pedido de reforma fue remitido por el Ejecutivo Municipal, pero consignaba sólo un punto referido a los planes de facilidades establecidos para abona la contribución. La propuesta del Gobierno consiste en extender de 36 a 80 cuotas y tanta flexibilización surgió después de las quejas que cosechó la llegada de las boletas a frentistas, en cuyas cuadras se construyó asfalto en 2007 con dinero enviado por la Nación.

Una tasa para obras públicas
La mayoría de las boletas por las tasas General Inmobiliaria (TGI) y por Servicios Sanitarios aparecen gravadas con un ítem destinado a la obra pública. Se trata de la Tasa de Contribución para Obras Públicas que originalmente recargaba con un 6 % de la tasa liquidada sólo a TGI; pero desde 2006, con motivo de la suba de tasas, se extendió a la Tasa por Servicios Sanitarios y cambió la modalidad de aplicación del tributo. Se reemplazó la aplicación del porcentaje por un monto mínimo: 5 pesos por boleta para los inmuebles cuya valuación fiscal sea de hasta $ 35.000 y 10 pesos para aquellos que excedan ese monto (35.000). La disposición generó una gran polémica entre los vecinos, pues la suma fija alzaba notoriamente el impacto del aumento de los servicios. Y la suba era mayor en aquellos contribuyentes con propiedades de menor valor. Por entonces se fundó el cambio en la necesidad de acrecentar la recaudación para atender obras públicas largamente reclamadas por la gente y se mencionó –a modo de ejemplo- el saneamiento del arroyo La Santiagueña. Con la suba –estimaban las autoridades de ese momento- que los ingresos subirían de 400 mil pesos al año a unos 3 millones de pesos. Transcurridos ya tres años del aumento, La Santiagueña –tomando el ejemplo dado inicialmente- sigue sin tratar. En cuanto a la afectación, la Tributaria Municipal dispone que los recursos recaudados por la Tasa solidaria “se destinarán a cubrir parcialmente la suma que corresponda pagar en concepto de contribución de mejoras a los beneficiarios de obras públicas.