El Concejo Deliberante aprobó ayer una reforma al Código Tributario Municipal (Ordenanza 8.773) por la cual se le asigna un destino específico a lo recaudado en concepto de Contribución por Mejoras. Esos recursos, que abona el vecino de Paraná por obras realizadas en su zona, serán asignados, en un 100 por ciento, a obras similares a realizar en otro barrio de la ciudad.
Por otro lado, se contempla la posibilidad de ampliar los planes de pago llevando la cantidad de cuotas de 36 a 80 cuotas.
La decisión fue adoptada por unanimidad del cuerpo y tras evaluar dictámenes de las comisiones de Legislación y de Hacienda y Presupuesto. El despacho fusionó, por un lado, el proyecto de ordenanza del Ejecutivo para ampliar la cantidad de cuotas para la Contribución por Mejoras y, por otro, la iniciativa de ediles del oficialismo para que se asigne destino específico a lo recaudado.

FUNDAMENTOS. Los ediles Gabriel Molina y Marta Alem dieron los fundamentos de la propuesta en el recinto. Molina explicó que la reforma alcanza al artículo 60 del Código Tributario. Es allí donde “se incorpora la creación de un fondo con asignación específica, que se conforma con todo lo recaudado en concepto de Contribución por Mejoras, con destino a obras públicas de menor envergadura”.
En diálogo con EL DIARIO, el concejal apuntó que “eso que originalmente iba a formar parte de la cuenta Rentas Generales de las arcas municipales, tendrá por destino lo mismo que le dio origen. Es decir, el metro de asfalto, la cloaca, las nuevas luminarias y aquellas necesidades de los barrios de Paraná”, resaltó.
Alem aclaró que será el 100 por ciento de lo recaudado lo que se asignará a ese fondo. “Esto es una reforma al Código Tributario con lo cual queda permanente. Se le lleva tranquilidad al vecino porque, por un lado, el pago será más accesible, con posibilidad de acceder a más cuotas de acuerdo a la capacidad contributiva. No todos están en las mismas condiciones”, hizo notar la edil que, por otro lado, marcó que “el vecino sabrá, tendrá garantizado, que pagando hace posible que otros barrios tengan las mismas obras que el suyo. En una palabra, sabrá que se hace con su dinero”.
Molina explicó que hoy por hoy el municipio tiene para cobrar 4.400.000 pesos en concepto de Contribución por Mejoras por cuadras de asfalto. “No sabemos cuánto más será en el año porque el cálculo se hace en función de cada obra nueva. El municipio recupera el 25% de la obra”, remarcó.

MOTOS. También se aprobó ayer una iniciativa del concejal Agustín Díaz por el cual se autoriza los mayores de 16 años -y menores de 18- a contar con un carnet que los habilite a conducir motos pequeñas de 50 cc. Esto será posible, según se avaló por unanimidad, siempre y cuando el padre, madre o representante legal del joven certifique ser propietario de la moto.
De este modo, según se fundamentó, se autoriza bajo determinadas condiciones, a los jóvenes a manejar este tipo de vehículos a la vez que se impide que puedan circular con motos de alta cilindrada. Así, la iniciativa fue presentada como un aporte a la prevención de accidentes de tránsito.
Con la misma pretensión fue girada a comisión, para su estudio, una propuesta de la edil radical Liliana Lampan. Se prevé allí que, ante el secuestro de una moto por la falta del uso del casco por parte de su conductor, el vehículo sea devuelto ya no contra el pago de una multa si no contra la presentación, dentro de las 48 horas, de factura que dé cuenta de la adquisición del casco reglamentario.

OTROS TEMAS. Una veintena de propuestas fueron sancionadas ayer por el Concejo. Entre otras, se destaca la que prohíbe la venta de energizantes a menores de 18 años en la ciudad y mediante la que se adhiere a la controversial ley provincial 9.821, que fue declarada inconstitucional en marzo de 2008 después de una acción judicial; la solicitud al Ejecutivo de la donación de juegos infantiles para el Jardín de Infantes “Sol y Sol” de la Escuela Pedro Giachino del barrio El Sol; y la disposición por la cual los colectivos deberán parar “en las esquinas que el pasajero establezca” para el ascenso y descenso, cuando esté lloviendo y después de las 22.30.
Ante la situación planteada en el país con el dengue, fue girado a comisión un proyecto de resolución de la concejal Cristina Sosa por el cual se declara “el estado de alerta sanitaria en la ciudad de Paraná, a fin de extremar las medidas de prevención contra las siguientes enfermedades: dengue, fiebre amarilla, leishmanisis, leptospirosis, psitacosis, entre otras de alta incidencia en la población de nuestra región”.

Energizantes: adhieren a ley declarada inconstitucional
El Concejo prohibió ayer por ordenanza la venta de energizantes a menores de 18 años y a la vez adhirió a la ley provincial 9.821 que prohíbe la venta de bebidas energizantes “en lugares de reunión, diversión o recreación en los que expendan bebidas alcohólicas para el consumo”.
La ordenanza, propuesta por la concejal Alicia Portillo (PJ) salió por unanimidad y sin ningún señalamiento de parte de los concejales, pese a que la ley 9.821, a la que adhiere, fue declarada “inconstitucional” por el Superior Tribunal de Justicia, luego de que la firma Energy Group SRL, distribuidora de la marca Speed, presentara una acción de amparo contra el gobierno entrerriano.
Pero el Concejo de Paraná agrega una novedad a la normativa sobre la venta de energizantes, que es la prohibición de expenderla a menores de 18 años, equiparándolas a las bebidas alcohólicas.

UNA MARCA. El fiscal de Estado de la Provincia, Julio Rodríguez Signes, aclaró en diálogo con EL DIARIO que la inconstitucionalidad en este caso rige sólo para la empresa que presentó al acción de amparo (Speed), por lo cual la ley, pese a tener “un montón de falencias”, seguiría rigiendo para las demás marcas de energizantes.
“La inconstitucionalidad tiene efecto para quien la plantea. Ese el sistema argentino aunque ahora la Corte Suprema de Justicia, con algunos fallos vinculados a temas de defensa del consumidor, les dio carácter erga omnes, a todo universalmente. Pero (en este caso, la inconstitucionalidad) tiene efecto para la empresa, para el actor que lo planteó”, señaló el fiscal. El asunto quedó así hasta ahora pues “el problema es que no se podía vetar la ley porque el Ejecutivo ya la había promulgado”, finalizó diciendo.
Cuando la Justicia se expidió, Rodríguez Signes emitió un escrito señalando la notoria violación del principio de razonabilidad que toda ley debe observar, toda vez que (la ley 9.821) permite el expendido de bebidas alcohólicas y prohíbe la energizante cuando en realidad debería ser lo contrario. Además el fiscal subrayó que se violó la competencia del Congreso nacional y también se impidió la venta de productos que han sido aprobados por organismos nacionales. La norma lesionó el derecho a ejercer la industria lícita que consagra la Constitución, expresó, según glosa el portal digital Recinto Net.
La ley entrerriana 9.821 prohibía en todo el territorio de la provincia, el expendio de cualquier bebida de las denominadas “energéticas” en lugares de reunión, diversión o recreación en los que expendan bebidas alcohólicas para el consumo, aunque mantenía la autorización para la venta en quioscos, supermercados u otros comercios. Pese a todo, el Concejo Deliberante de Paraná insiste ahora con la normativa, agregando la prohibiación de su venta a menores de 18 años.