El primer informe de inspección de obras, que se llevó a cabo en el conjunto de referencia entre el 14 de enero y el 12 de febrero de este año, fue remitido al director de la entidad binacional, Carlos Cardozo Florentín, por el Lic. Bernardino Ortiz Ruiz, auditor interno, y el contador público Darío Imas del Puerto, delegado de auditoría interna en Encarnación.
Las primeras dudas sobre el monto del certificado en cuestión se plantearon en setiembre del año pasado, cuando los consejeros Ramón Montanía y Gustavo de Gásperi, ante la solicitud de pago que recibieron de los directores Carlos Cardozo y Oscar Thomas, pidieron que antes se sometiese a esas obras a “una profunda auditoría”, e incluso con “auditores externos”.

Las primeras contradicciones
El 13 de noviembre de 2007, según los registros de la entidad, un temporal afectó el conjunto habitacional Arroyo Porã, “destruyendo gran parte de las viviendas y los equipamientos comunitarios ubicados en el área afectada”. De acuerdo con el Memorándum 4.516/2008 del Ing. Eduardo Báez Parzajuk, jefe de Area Obras y Proyectos-PTY, dirigida al Ing. Isidro Diovertti Flores, “las viviendas y equipamientos comunitarios afectados fueron reconstruidos íntegramente, ... acondicionados la mayoría de ellos...”.
Las obras de reparación habían sido otorgadas a cuatro consorcios: Habitacional del Sur, San Isidro, Cibeco, Santa María y San Pedro Sur. El monto básico de sus certificados trepaba a G. 3.711.828.910 y el del reajuste mayor de ese año a G. 685.428.025. O sea, las cuatro firmas pretendían cobrar un total G. 4.397.256.935.
El 27 de noviembre del año pasado, Juan Fernando Kurz, despedido por la EBY sin mayores explicaciones de su cargo de interventor del Plan de Terminación de Yacyretá, en entrevista con ABC, advertía que la reparación de unas viviendas de Arroyo Porã, afectadas por la tormenta de noviembre de 2007, costarían más de G. 4.000 millones. Un par de publicaciones ponía números a las viviendas afectadas de ese grupo habitacional: ABC Color del 17 de noviembre de 2007 informaba que “unas 40 viviendas resultaron dañadas”, Ultima Hora de la misma fecha, por su parte, destaca que la tormenta dejó en ese lugar “... 30 casas destechadas”. Al comparar ese exiguo número de casas afectadas con el monto de las certificaciones, se desató el escándalo, razón por la cual la solicitud de pago hecha por los directores Carlos Cardozo y Oscar Thomas fuera respondida por los consejeros Montanía y De Gásperi con pedido de profunda auditoría de esas obras.

Informe de auditoría
En el informe parcial de auditoría 268 se habla de la reparación de 900 viviendas, y se aclara que el trabajo de verificación que llevaron a cabo entre el 14 de enero y el 12 de febrero de este año comprendieron los trabajos efectuados en 281 viviendas, cuya reparación fue concedida al consocio Habitacional del Sur, que tiene como consocios a los ingenieros Ricardo Díaz Martínez, Fernando Marcial Moreno Martínez, Hugo Daniel Patiño Leguizamón y Luis Arturo Pistilli Simiano. La certificación cuestionada trepa a G. 1.419.551.215, monto que, según aclaran los auditores, incluye G. 5.557.066 correspondientes a la manzana 39 y G. 2 por redondeo en el total certificado, ignorados por la contratista. Tal vez lo más drástico del análisis técnico sea lo siguiente: certificado por la contratista: G. 1.419.551.215. Resultado sobre inspección de auditoría: 432.443.770. Diferencia: G. 987.107.445. “Esta síntesis refleja que solamente el 30,46% de lo certificado ha sido efectivamente ejecutado, por tanto la suma de G. 987.107.445, a valores básicos, no tiene sustento en obras realizadas”.
Y, como una mancha más del tigre, “...Se constata además que en 39 viviendas no se ha realizado ninguna reparación y que forman parte de la certificación del contratista. Igualmente el ítem de pintura que fue cotizado en forma global no refleja en la mayoría de las viviendas ningún trabajo ejecutado”.
Las conclusiones de los auditores no dejan lugar a dudas. En función a lo expresado “...las mediciones y valores expresados en los certificados presentados para su convalidación y posterior pago no se ajustan a la realidad. Por tanto, se puede calificar la actuación de los responsables de la certificación como declaración falsa e intento de defraudación, teniendo en cuenta que aún no fueron pagados”.

Recomendaciones
Los auditores aconsejan “deslindar responsabilidades a través de un sumario administrativo a los responsables de la época. Evaluar la participación de representantes de las empresas que solicitaron el pago ...a fin de considerar ...la determinación de sanciones administrativas”, etc.

SOLO 30% HA SIDO EJECUTADO
La auditoría revela que solo el 30,46% de lo certificado ha sido efectivamente ejecutado, razón por la cual los millonarios montos no tienen sustento en obras realizadas. Se trata de la reparación de 281 viviendas adjudicadas al Consorcio Habitacional del Sur, que reúne a Ricardo Díaz Martínez, Fernando Moreno Martínez, Hugo Daniel Patiño Leguizamón y Luis Pistilli Simiano. Todos los procedimientos fueron aprobados por la administración de Paul Sarubbi y la solicitud de pago fue hecha al Consejo por el director Carlos Cardozo y su par argentino Oscar Thomas.