Más de la mitad de la niñez argentina está en riesgo de enfermarse por falta de acceso al agua potable, mientras que un elevado porcentaje está amenazada también por industrias contaminantes y el uso de plaguicidas en la agricultura, según un estudio del Defensor del Pueblo de la Nación.
"Los efectos de la contaminación ambiental en la niñez. Una cuestión de derechos" es el título del informe difundido este mes por el organismo de contralor de Argentina, realizado con el respaldo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Los autores de la investigación, que también recibió el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), sostienen que el informe puede ser actualizado permanentemente a medida en que se evalúen los riesgos de nuevas actividades productivas o de servicios.
Según datos de la OPS que recoge el estudio, cerca de cuatro millones de niños y niñas mueren cada año en todo el mundo por enfermedades provocadas por factores de riesgo ambiental. Y en América Latina y el Caribe hay 80.000 menores que se enferman por año por esta misma causa.
"Más de un tercio de las causas de morbilidad infantil son consecuencia de factores ambientales modificables", se añade en el estudio. Alguna de ellas son la falta de acceso al agua segura, la eliminación inadecuada de residuos, la contaminación, los accidentes y enfermedades ocupacionales en el campo y la industria o la actividad informal.
La investigación contiene una serie de mapas que muestran la distribución geográfica de los principales riesgos ambientales para niños y niñas, que se acentúan cuando se trata de familias pobres, con jefe o jefa de hogar desocupados y sin seguro de salud.
"Buscamos contar con una herramienta de prevención que sirva a los municipios, las provincias y al Estado nacional, pero no para denunciar el daño sino para detectar cuál es la población infantil vulnerable o en riesgo por la contaminación", explicó a IPS Horacio Esber, director de derechos sociales del Defensor del Pueblo.
El funcionario explicó que se tomó la franja que va de cero a 18 años porque se sabe que es la más vulnerable al riesgo ambiental. La exposición al plomo, por ejemplo, puede no afectar a la población adulta, pero en niños y niñas provoca un déficit en el desarrollo intelectual y la capacidad de aprendizaje, apuntó.
La defensoría recibe miles de denuncias por problemas de diversa índole, muchos de ellos ambientales y sociales. Se trabajó en casos de aumento de la mortalidad infantil en comunidades indígenas, contaminación con plomo en la norteña provincia de Jujuy, y en intoxicaciones con plaguicidas en la central provincia de Córdoba.
También participó activamente en las protestas y reclamo judicial de vecinos por la polución de la cuenca de los ríos Matanza y el Riachuelo, el curso de agua que muere en el Río de la Plata y que marca el límite sur de la capital de Argentina con la oriental provincia de Buenos Aires. Estos cursos están entre los más contaminados del mundo por el vertido de desechos cloacales e industriales clandestinos
En base a esta experiencia y a información de una veintena de organismos oficiales, la defensoría elaboró un informe en el que se advierte que hay 7,1 millones de niños y niñas (58 por ciento de la población infantil argentina) en riesgo de morbilidad por falta de infraestructura sanitaria –agua y cloacas- sobre todo en el nordeste del país.
De un total de 531 departamentos provinciales analizados en todo el país, 193 enfrentan el problema de una red de saneamiento básico insuficiente.
La amenaza para la salud de la actividad industrial alcanza a más de 5,1 millones de menores de 18 años (42 por ciento de la población infantil) y hay 2,7 millones de niños y niñas (22 por ciento del total) bajo riesgo por el uso masivo de plaguicidas en campos de algodón, papa, soja, maíz, arroz y otros cultivos.
En diálogo con IPS, la doctora Zulma Ortiz, responsable del área de Salud de Unicef, señaló que el tema ambiental fue incorporado en los últimos 15 años como un elemento crítico de la agenda de salud, y en ese aspecto, los más vulnerados son los derechos de los niños, que son los menos responsables de la contaminación.
Por otro lado, los menores sufren un impacto que puede ser determinante en su vida adulta, advirtió. "No es lo mismo estar expuestos a la contaminación desde los 40 años que desde el momento de nacer, por eso es muy importante trabajar en la protección de los niños y niñas pensando también en su futuro", dijo.
Los autores del atlas remarcaron además que hay entidades gubernamentales claves que admitieron no contar con información sobre impacto ambiental. Fue el caso de la Secretaría de Minería y del Instituto Nacional del Agua, que carece, según informó, de datos sobre calidad del fluido a nivel nacional.
En Rosario, la ciudad más populosa de la oriental provincia de Santa Fe y una de las tres mayores del país, hay una alta densidad de industrias contaminantes como curtiembres, petroquímicas o contenedoras de granos en una zona de gran concentración de niños y niñas menores de 18 años", alertó Esber frente al mapa.
"El gobierno municipal sobre todo, pero también las otras instancias deben ajustar allí fuertemente los controles para asegurarse que las empresas usen toda la tecnología que esté a su alcance a fin de reducir todos los riesgos", manifestó.