Un estudio de la Universidad de Exeter, Gran Bretaña, que mañana hará público Greenpeace, muestra que el Riachuelo está peor que hace diez años: no sólo no fue saneado incumpliéndose una orden de la Corte Suprema sino que tampoco se impide que lo sigan contaminando. La crisis económica no alcanza para disipar la niebla del Ricachuelo: los fondos otorgados por el BID están pero no se usan y el programa se encuentra subejecutado: sólo se utilizó el 35 por ciento en 2008 y ni un solo peso en lo que corre de 2009.
Según un paper de El Auditor, un centro de estudios de la Asociación del Personal de los Organismos de Control que se dedica, entre otras cosas, a llevar adelante un “monitor presupuestario”, éstos son los números: La del Riachuelo es una incomprensible historia de promesas incumplidas de un país con doble estándar: fronteras cerradas en Gualeguaychú, dialéctica vacía en La Haya y caudaloso veneno al aire libre en la Capital Federal.
La cuenca del Riachuelo tiene 64 kilómetros de extensión, atraviesa catorce municipios y cubre unos dos mil kilómetros cuadrados. Su contaminación afecta a cinco millones de habitantes entre los cuales casi cuatro de cada diez no tienen agua potable y más de la mitad no posee cloacas. Cada día el Riachuelo recibe 88.500 metros cúbicos de desechos industriales de más de cuatro mil fábricas instaladas en sus márgenes, y a esos efluentes químicos se les suman 368.000 metros cúbicos de aguas servidas por día, de las cuales –según datos de la Defensoría del Pueblo de la Nación– sólo el 5 por ciento recibe tratamiento. De acuerdo con la Acumar (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo), que depende de la Secretaría de Ambiente, un tercio del caudal proviene de descargas industriales, consignó Crítica Digital.
Hay en la cuenca más de cien basurales a cielo abierto y el agua tiene niveles de mercurio, zinc, plomo y cromo de hasta cincuenta veces más de lo permitido, que conviven con trece villas de emergencia sólo en las parte baja del río. En Villa Inflamable, por ejemplo, los niños tienen cinco veces más plomo en sangre que la aceptable según según un estudio de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).
En febrero pasado, Greenpeace tomó muestras de descargas líquidas y sedimentos asociados en cinco puntos de la cuenca, y envió ese material al laboratorio de la Universidad de Exeter: “Los resultados –dice la organización– reflejan que las distintas administraciones no han exigido a las empresas que dejen de verter tóxicos en las aguas (…) Entre los compuestos identificados se encontraron algunos que son cancerígenos, neurotóxicos, que dañan el sistema reproductor, el hígado o los riñones”.
Muestra 1: cerca de la curtiembre GRD que vierte sus efluentes frente al Puente Victorino de la Plaza se detectó nonilfenol (afecta el sistema reproductivo y la hormona estrógeno) y altísimos niveles de cromo.
Muestra 2: Arroyo del Rey, Lomas de Zamora. Según el informe, es “particularmente preocupante” haber encontrado rastros de insecticida hexaclorociclohexano, cancerígeno humano, y el viejo y prohibido plaguicida DDT.
Muestra 3: En Lanús, a la altura de la empresa MannHummel, se detectaron clorobencenos (altera el hígado, los riñones y el sistema nervioso), tolueno (afecta el cerebro y riñones), tetracloruro de carbono (daña los riñones y el hígado).
Muestra 4: En Lanús, a la altura de la curtiembre Américo Gaita. El siguiente cuadro comparativo exime de cualquier comentario (ver cuadro en edición impresa).
Muestra 5: en el partido de Ezeiza, a la altura de la empresa Chemotecnica Syntial, se detectó DDT, bromodiclorometano, cloroformo y herbicidas.
Los fabulosos mil días de María Julia Alsogaray se cumplieron en octubre de 1995. Ese año se aprobó el Plan de Gestión Ambiental con un crédito de 250 millones de dólares del BID y la misma cantidad aportada por el Estado argentino. El 57 por ciento del dinero se hizo humo en “estudios de consultoría” (vaya desde aquí nuestra admiración hacia el señor “consultoría”) y la otra parte terminó en planes sociales y choripanes en el año 2002.
En junio de 2006, a partir de la requisitoria de la Corte, se presentó el PSICMR (Plan Integral de Saneamiento para la Cuenca Matanza-Riachuelo) con el que, evidentemente, NPUCYNSPN (No Pasó Un Carajo y No Sirvió Para Nada). El 8 de julio del año pasado, la Corte Suprema ordenó, mediante una sentencia, la implementación de una política pública concreta de saneamiento que quedaría a cargo de la Acumar. El Máximo Tribunal dispuso plazos y multas en caso de incumplimientos. El 5 de febrero de 2009, Massita anunció otro plan, ahora a cargo de Homero Bibiloni, para lo cual la oca volvió al casillero de los préstamos y le pidió nuevamente al BID.
Según detalló a este diario Andrés Napoli, de la Fundación Ambiente y Desarrollo Sustentable, el cuerpo colegiado que por disposición de la Corte controla el “plan” (formado por la defensoría del pueblo y cinco ONG), denunció todo tipo de faltas y demoras, a saber:
–Acumar no inspeccionó la totalidad de las industrias.
–El reglamento de Acumar no contempla el control de metales pesados que hoy contaminan la cuenca.
–El plano de presentación del informe, aún incompleto, se excedió de treinta días a siete meses.
–No se tomó ninguna acción para relocalizar a las personas que viven en basurales.
–Por la situación económica no se clausura más por contaminación, aseguró a Crítica de la Argentina una fuente de la Secretaría de Medio Ambiente. No se está avanzando en nada. Ya no se recorre la cuenca tan seguido, tienen a disposición diez Toyota Hilux, cuarenta Ford Ranger y treinta Kangoo, pero se usan para otras cosas.