Ramón Cedeño cree que será muy difícil que en los próximos años sus hijos o nietos puedan coger camarones o langostas en el río Chila, en la población Diez de Agosto (cantón El Carmen, al noreste de Manabí).
“Los agricultores usan el agua para regar sus plantaciones, pero eso no les importa a los constructores, que si bien mejoran la vía, lo hacen a costa de afectar el río”, expresa Cedeño. Su malestar es compartido por los miembros del Comité de Desarrollo y Bienestar Social del Río Chila, quienes denunciaron en el Ministerio del Ambiente que la extracción de material pétreo por parte de la empresa Equipos y Terrenos S.A., (Equitesa), para utilizarlo en la rehabilitación de la vía El Carmen-Pedernales, está causando el azolvamiento del río Chila.
Ellos aseguran que las consecuencias de esta práctica –que se realiza desde hace varios meses en esa zona– son letales para la flora y fauna terrestres y, sobre todo, para los ecosistemas acuáticos, tomando en cuenta que las riberas del afluente son espacios para el depósito de huevos y larvas de este grupo de especies. Afirman que peces como el guanchinche, la vieja y el ratón, así como el camarón y la langosta de agua dulce se han vuelto escasos en el sector en las últimas semanas.
En tanto, Ronald Zambrano, del Departamento de Calidad Ambiental de la Dirección del Ministerio del Ambiente en Manabí, señala que los representantes de Equitesa no poseen un plan de Manejo de Residuos Sólidos.
Según el funcionario, la empresa constructora ha cometido varios errores en la ejecución de su obra. Uno de ellos, indica, es la inadecuada ubicación del material pétreo extraído, ya que incluso se lo aloja a orillas del río Chila.
En la zona de contaminación también se puede observar dos tanques de combustible que fueron abandonados por los operadores de maquinarias de Equitesa, sin colocarles las respectivas cubetas de seguridad. En los alrededores, asimismo, se hallan montones de filtros de vehículos dañados.
La libre exposición de estos desechos y su degradación originan la liberación de lixiviados. Estos líquidos grasos contienen una elevada carga orgánica capaz de consumir el oxígeno de los ríos, que pueden convertir el sistema aeróbico del cauce de agua en otro anaeróbico (sin oxígeno).
Asimismo, pueden contener metales pesados, que deterioran los ecosistemas en los que se hallan, según estudios internacionales.
Sin embargo, la comunidad Diez de Agosto no es la única que ha reclamado contra Equitesa. Los habitantes de Pedernales también la cuestionan de causar daños en el río Coaque, por la extracción de material pétreo para utilizarlo en los mejoramientos de la vía que unirá a este cantón con San Vicente.
Actualmente, ambos casos son analizados por la Fiscalía Ambiental de Portoviejo, para determinar si las quejas son delitos o infracciones ambientales. Este Diario trató conocer las versión de los representantes de Equitesa, pero no se los pudo contactar.
En tanto, el director provincial de Medio Ambiente, Roddy Macías, solicitó a la oficina central de esta cartera de Estado, en Quito, el listado de las compañías que ejecutan obras viales en Manabí, para conocer si obtuvieron las licencias de acción y a su vez, conocer los planes de remediación por posibles daños.
Pero si bien los funcionarios del Ministerio del Ambiente se quejan de la indiferencia de las empresas implicadas en los casos de contaminación, el art. 396 de la Constitución conmina al régimen a adoptar políticas y medidas oportunas que eviten impactos irremediables: “todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las comunidades afectadas”.
Y mientras se resuelven los trámites legales, los pobladores de Diez de Agosto siguen angustiados por la destrucción del ecosistema donde habitan.
Un mal que, dicen, no se compensa con el mejoramiento de las redes viales ni se reversa con futuras sanciones a la empresa.

Se exige licencia ambiental a 16 empresas
Generación de malos olores, inadecuado manejo de desechos sólidos, contaminación del suelo por descargas de aguas residuales y del aire por humo y gas de combustión del caldero, son algunas de las fallas que encontraron funcionarios de la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente de Manabí, en la empresa Harimarsa. Esta es una de las 16 empresas que fueron notificadas por contaminar los ecosistemas en los cantones de Manta, Montecristi y Jaramijó.
El documento entregado a las industrias señala que en un plazo no mayor a 30 días, las compañías deberán iniciar el proceso para la obtención de la licencia ambiental, que se sumará a un plan de acciones correctivas ecológicas que deberán asumir las empresas.
Las observaciones realizadas a las compañías (entre ellas La Fabril) se basan en el art. 46 del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (Tulsma), que establece que en caso de existir peligro de un daño grave o irreversible al ambiente, la ausencia de certidumbre científica no será usada por ninguna entidad reguladora nacional, provincial, o local, como una razón para posponer las medidas costo-efectivas que sean del caso para prevenir la degradación.