Sorpresa y críticas despertó ayer el decreto provincial que propicia un acuerdo extrajudicial con los 5.000 damnificados por la inundación del 29 de abril de 2003 que en su momento denunciaron al Estado santafesino ante la Justicia.
El gobernador Hermes Binner y su gabinete, que rubricaron el decreto públicamente en la Casa Gris, explicaron el mecanismo de adhesión a ciertas pautas transaccionales mínimas para compensar el 50 % del daño causado. Previo a ello, buscarán definir el monto a reclamar. El mecanismo se hace operativo a partir de un determinado nivel de aceptación —el 60% de los reclamantes—. De cumplirse ese requisito, se abrirá una instancia para evaluar los daños sufridos, la que estará a cargo de una comisión que determinará qué porcentaje es atribuible al Estado y cuál a la naturaleza.
Binner dijo que su oferta es "una propuesta integral para dar solución definitiva, al problema derivado de las inundaciones de 2003, una reparación histórica, económica y social para las víctimas de la tragedia".

Quejas. No obstante, la actitud despertó quejas inmediatas de aquellos damnificados que por imposibilidad económica o desconocimiento no accionaron contra el Estado en la Justicia.
Desde la Asamblea de Inundados, María Albornoz habló por radios capitalinas quejándose de que "Binner habla de reparación y de justicia, pero nosotros entendemos que el 70% de los damnificados queda afuera por no haber presentado una demanda judicial. Ese porcentaje es el de la gente más pobre, que no entiende de pasos administrativos y judiciales y que lo único que hizo fue tratar de reconstruir sus casas y recuperar sus cosas. Ellos sintieron que los inundaron de nuevo".
El fiscal de Estado precisó que "la oferta es sólo para quienes demandaron al Estado. El que no reclamó ahora no lo puede hacer porque ya está prescripto el plazo para ir a la Justicia. El Ejecutivo no puede ordenar el pago al que no reclamó".
Binner también resaltó la importancia que tiene "hallar una solución, porque la peor enseñanza para una sociedad es pretender el olvido. Esto se llama impunidad y se manifiesta como tal en la inseguridad y en la falta de paz social. La ciudad de Santa Fe no es la misma antes y después de la inundación del 2003. Indudablemente, pagar las deudas, clarificar lo que ocurrió y llegar a la justicia son valores vitales para comenzar a revertir esta situación de justa demanda y profundo dolor que existe en el tejido social de la ciudad".
Calificó luego a la medida como "punto fundamental para recuperar el valor de mirarnos a la cara entre los santafesinos". Binner reveló: "Nos llevó mucho trabajo elaborar esta propuesta, allí están las firmas de todos los ministros y creemos que es un paso adelante para lograr la integración social en la ciudad".

Tres ejes. El plan del gobierno tiene 3 ejes: lograr una reparación colectiva y de la memoria; ofrecer un acuerdo extrajudicial y una reparación económica individual para 5.000 damnificados que litigaron y cuyos juicios no prescribieron ni están perimidos, y crear una comisión pericial de expertos para determinar responsabilidades estatales.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, por su parte detalló que "las acciones más importantes de esa comisión pericial son la reparación colectiva que significa atender de forma sistemática los problemas causados en los sectores afectados y en la memoria. Cuando un hecho marca tan fuerte a una sociedad, es vital conservar la memoria como acto de respeto y símbolo de no dar impunidad a lo ocurrido".

Preguntas. Pero detenerse en esto sería, según Superti, dejar pendiente un tema que "hasta hoy no se dilucidó y que es preguntarse: ¿qué pasó el 29 de abril de 2003 en la ciudad? Las respuestas son que esa inundación fue producto de un fenómeno meteorológico, de una responsabilidad del Estado, o de causas concurrentes y esta pregunta tiene vivo el reclamo de muchas víctimas".
El ministro destacó que "hay muchos juicios por sumas tremendamente importantes, que impactan en la economía provincial y que se basan en afirmar que la responsabilidad de las inundaciones fue del Estado". Superti indicó que "el Ejecutivo está ante un dilema porque quiere dar respuesta a la legítima inquietud de saber qué paso y tiene la responsabilidad de cuidar el patrimonio estatal". La forma encarada para solucionar el conflicto fue abrir un espacio de negociación con los demandantes del Estado con la firma de un preacuerdo; un dictamen de una comisión de expertos sobre los daños e indemnizaciones pedidas y acuerdo final entre los damnificados y la provincia.