Con la publicación de ayer en el Boletín Oficial del “Reglamento Operativo de Fiscalización y Control” para el ámbito de la Cuenca Matanza- Riachuelo, dispuesto por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), quedó constituido el “Grupo de Inspectores de ACUMAR”, que estará conformado por personal que las jurisdicciones nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designen para realizar las tareas inspectivas entre las empresas radicadas en el área.
“Vamos a estructurar un bloque integral de inspectores propio de la ACUMAR, al que se sumará la capacidad técnica de AySA, de la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires (ADA), y de los municipios”, detalló Homero M. Bibiloni, titular de la cartera ambiental nacional. Bibiloni agregó que la medida busca otorgar “uniformidad en el acto de contralor a las empresas para facilitar su reconversión en el marco de las mejores prácticas ambientales que estipula el Programa de Reconversión Industrial que implementa la secretaría a mi cargo”.
El funcionario consideró que “estamos frente a un hecho inédito y por lo tanto ante un gran desafío que es la articulación entre la Secretaría de Ambiente de la Nación, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible bonaerense y la Agencia Ambiental porteña, para garantizar el accionar de un cuerpo de vigilancia que controle la calidad ambiental en una vasta región”.
Bibiloni señaló que “en la cuenca habitan casi 7 millones de ciudadanos a los que hay que asegurarles, como Estado y con el aporte de las entidades de la sociedad civil responsables y el sector científico, un ambiente digno para su desarrollo”.
Según lo normado mediante la Resolución 1/2009, el Grupo de Inspectores de ACUMAR deberá controlar y fiscalizar las emisiones gaseosas de establecimientos radicados en la Cuenca, vertidos o gestión de residuos domiciliarios y residuos sólidos urbanos, residuos industriales, residuos patogénicos o cualquier otra incidencia ambiental en el ámbito de la Cuenca.
En ese sentido, Bibiloni sostuvo que su presencia de los inspectores en el ámbito de la Cuenca “es necesaria para corregir acciones nocivas para el ambiente y la población que allí reside”, al tiempo que recordó que se está llevando adelante un Plan de Reconversión Industrial (PRI) que consiste en “un cambio de paradigma en los viejos procesos productivos para alcanzar la minimización y mitigación de la carga contaminante de efluentes en la cuenca alta, baja y media”. El PRI es obligatorio para aquellas empresas declaradas contaminantes y desde la Nación se hará un fuerte acompañamiento financiero y técnico para que el sector industrial pueda reconvertirse y logre a la vez mayores ventajas competitivas amigables con el ambiente.
La resolución publicada hoy dispone, además, la creación de la Unidad de Coordinación Operativa Interjurisdiccional (UCOI), que operará dentro de una Comisión del mismo nombre, que tendrá por funciones coordinar las acciones y tareas de control y fiscalización que lleve a cabo el “Grupo de Inspectores”; consensuar aspectos operativos relacionados con dichas tareas; actualizar un listados de empresas y actividades que requieran vigilancia y control y relevar necesidades de capacitación y definir el perfil del personal idóneo para actuar en el ámbito.

Procedimientos
Respecto de los controles, la resolución de ACUMAR establece que los inspectores están facultados para requerir en cualquier momento del día y horario, toda documentación habilitante, técnica, legal y contable, previa presentación de la credencial identificatoria. El inspector podrá verificar condiciones de funcionamiento del establecimiento, controlar procedimientos industriales, extraer muestras de efluentes, emisiones gaseosas, suelo, aire y agua, y toda otra diligencia necesaria para cumplir con el control.
La resolución dispone que el inspector podrá requerir el auxilio de la fuerza pública, ante la negativa u oposición al procedimiento.
La ACUMAR dispuso que de hallarse irregularidades –sean administrativas o contravenciones en materia ambiental–, los inspectores labrarán un acta para ser remitida a la Comisión Interjurisdiccional en materia de Control y Fiscalización, las que serán tramitadas según los regímenes sancionatorios vigentes en cada jurisdicción.

Fuente: Prensa - Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
Foto: Archivo Programa Infoagua