La convocatoria a la que podría ser la primera huelga de hambre masiva de ciudadanos de esta capital, junto a las críticas y aclaraciones emitidas ayer dieron cuenta de cuánto creció la polémica con las horas. Sin duda, en los planes del gobierno no estaba una discusión pública como la sucedida tras el anuncio de su oferta de acuerdo extrajudicial para 5.000 damnificados de la inundación de 2003 que demandaron judicialmente a la provincia.
El gobernador Hermes Binner debió aclarar que la propuesta "no es para inundados que quedaron afuera, es para los que hicieron reclamos judiciales. Hay más de 5.000 y lo que buscamos es una solución amigable. Hemos trabajado muchísimo y tenemos una vía real que permite solucionar déficit que tienen los inundados".

Carpa Negra.En tanto, a metros de la Casa Gris, en la plaza donde está la Carpa Negra por la Memoria y la Justicia, la Asamblea de Inundados anunció la convocatoria a una huelga de hambre masiva desde el domingo próximo hasta el 29, en que se cumplirán seis años del fatídico día en que el Salado desbordó e inundó en horas de modo aluvional a un tercio de la ciudad. La catástrofe arrojó de sus hogares a unas 150 mil personas, cuyas casas quedaron bajo agua por casi 3 meses, y 21 personas murieron ahogadas.
Los daños materiales fueron tantos que la economía de la ciudad aún sufre las consecuencias, pero fue en el aspecto anímico de la ciudadanía donde el fenómeno pegó más fuerte al despertar reacciones airadas en muchos damnificados que atribuyeron la magnitud de la inundación a las imprevisiones de la provincia. Así, en los primeros meses de 2004, recién asumido el gobierno de Jorge Obeid, se produjo la protesta más violenta cuando manifestantes asaltaron la Casa Gris y la incendiaron. La administración Obeid generó un ente para resarcir los daños con sumas que complementaron las cifras que, meses antes de concluir su gestión, había destinado a los damnificados el gobierno de Carlos Reutemann.
Esas acciones no acallaron las protestas, pero las redujeron a grupos cada vez más pequeños, concentrados en pedir el enjuiciamiento de responsables políticos. A ese reclamo, Binner busca darle nuevo cauce con acciones que encarará el Ministerio de Innovación y Cultura.
Pero fue otro aspecto del anuncio de Binner el que reavivó las discusiones: el destinado a evitar que la Justicia pudiere ordenarle al Estado pagar indemnizaciones por las demandas de unos 5.000 damnificados.

"Injusticias"."Se provoca una situación de injusticia porque los que hicieron el recurso administrativo son un 30 por ciento de los inundados. El restante 70 por ciento, que es el más pobre y vulnerado y que no lo hizo fue, una vez más, olvidado. Esto se convirtió en un reguero de pólvora en los barrios desde donde va saliendo la reacción indignada, porque pensábamos que con el diálogo podíamos entendernos con el gobierno", se quejó Claudia Albornoz, de la Carpa Negra.
El fiscal de Estado, Jorge Barraguirre, anunció ayer que en las próximas horas dialogará con los manifestantes. "Me han pedido que les aclare algunos aspectos de la propuesta y creo que nos vamos a entender cuando conversemos", expresó.
La propuesta consiste en evaluar un monto de reclamo, tarea que haría una comisión de expertos. Luego, sólo si el 60 por ciento de los demandantes acepta la oferta oficial y el monto alcanza al 75 por ciento del total de la suma reclamada, se firmaría un acuerdo por el que se les pagaría en cuotas el 50 por ciento, durante 10 años.

Otra voz.Ayer Iván Cullen, abogado que representa a la mayor cantidad de inundados que demandaron a la provincia, dijo: "Es un paso muy importante, este tipo de pleitos demora mucho en resolverse por su magnitud. Hay que recordar que cada situación judicial debe resolverse individualmente. El Tribunal está colapsado. Nosotros ya estábamos planteando la necesidad de buscar un mecanismo que permitiera agilizar la resolución de estas causas. Afortunadamente, aquí hay una decisión política del gobierno. Esto es fundamental para avanzar en los mecanismos mediante los cuales se va a logra una resolución equitativa, justa y razonable, teniendo en cuenta el terrible daño que sufrieron".
El ministro de Gobierno, Antonio Bonfatti, afirmó: "Tienen todo el derecho a hacer críticas, pero hay 5.000 juicios contra el Estado y tenemos que dar una respuestas a la situación".