La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) lanzó un programa de reconversión industrial obligatorio para que las empresas localizadas en su ámbito, cambien la forma de producir y eviten la contaminación del curso hídrico. La iniciativa se enmarca en lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Mendoza y otros contra Estado Nacional, sobre daños y perjuicios”, por la cual el superior tribunal ordenó la estructuración de un plan integral de saneamiento de la cuenca.
Las empresas identificadas como agentes contaminantes, están ahora obligadas a presentar en un plazo de treinta días un plan de actividades para reconvertirse. En caso de no cumplir con la entrega de la información solicitada, se podrá dictar el cierre o clausura del establecimiento.
Según la resolución 2/2009 recientemente publicada en el Boletín Oficial, la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) oficializó los procesos operativos a los que deberán adherir las empresas emplazadas en la región para poder implementar los Programas de Reconversión Industrial (PRI) que deberán llevar adelante si han sido identificadas como agentes contaminantes.
El PRI es una iniciativa que lleva adelante la ACUMAR con participación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, destinado a lograr que las empresas produzcan bajo patrones de producción limpia y logren minimizar la carga contaminante de efluentes, residuos sólidos y emisiones a la atmósfera en los tres sectores en los que la cuenca está subdividida: Alta, Media y Baja.
Aquellos establecimientos industriales, declarados “agentes contaminantes”, por la ACUMAR, tendrán la obligación de reconvertirse según indica la resolución 1/2008, a través de la cual el Consejo Directivo de la ACUMAR identifica como tales a las empresas que viertan desechos en exceso a los límites permitidos y sean generadoras de efluentes líquidos, emisiones gaseosas o residuos sólidos urbanos.
Dentro de este esquema de gestión, la ACUMAR tiene previsto una consideración particular para aquellas entidades que participen del “Plan de Producción Limpia” aprobado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el marco del Programa “Buenos Aires Produce más Limpio”. Asimismo, se contemplarán los trámites iniciados en forma voluntaria ante la cartera ambiental de la Nación –con anterioridad al 8 de Julio de 2008– tendientes a alcanzar Programas de Reconversión Industrial. La misma situación correrá para las firmas que hayan iniciado trámites ante las autoridades competentes bonaerenses para adherirse a Programas Integrales de Adecuación Ambiental.
Ahora bien, a las fuertes críticas realizadas por la ONG ambientalista Greenpeace respecto de la gestión realizada por ACUMAR, se sumó la diputada nacional de la Coalición Cívica, Fernanda Reyes, quien pidió la interpelación del secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Homero Bibiloni, para que rinda explicaciones sobre la inejecución de las obras para el saneamiento y recomposición de la Cuenca.
Además, Reyes denunció que el funcionario asumió la defensa, como abogado, de los 14 municipios bonaerenses que conforman la Cuenca en la causa judicial que dio lugar al fallo que, en julio de 2008, ordenó el saneamiento del Riachuelo.
“Por sus servicios como abogado, Bibiloni recibió 275.100 pesos de los municipios, según lo constatan varios contratos municipales. Resulta incompatible que quien fue contratado y defendió los intereses de los municipios sea quien, ahora, tenga que controlar a las intendencias co-responsables de la contaminación del Riachuelo, como actual presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). El secretario de Ambiente sigue absolviendo a las municipalidades de culpa y cargo por el estado de la cuenca, a pesar de que siempre tuvieron la responsabilidad sobre el ordenamiento territorial y la aplicación del poder de policía sobre las empresas de su territorio”, señaló Reyes.
“El Riachuelo es un reflejo de lo peor de la Argentina: corrupción y desigualdad. En su cuenca conviven los sectores más excluidos, con las empresas más poderosas y un Estado absoluta y perversamente ausente. Bibiloni debe rendir explicaciones por su desidia o inacción para cumplir con los plazos y disposiciones de la Corte para el saneamiento y por la incompatibilidad de su función actual con su vinculación a los municipios que debe controlar”, sostuvo la diputada de la CC.