En la prolongada historia de la recuperación del Riachuelo se está escribiendo otro capítulo de postergaciones que dilata las acciones efectivas de saneamiento. Esto se desprende de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), en el cual se consigna que el año pasado se ejecutó sólo el 35% del presupuesto acordado para los trabajos de limpieza previstos y, en lo que va de este ejercicio, "la subejecución es del ciento por ciento", lo que significa que hasta la fecha tampoco se ha hecho nada al respecto.
Esa omisión de tareas implica que no se ha avanzado para aminorar la contaminación provocada por la descarga cotidiana de los efluentes que vuelcan los miles de establecimientos industriales instalados en la cuenca de La Matanza-Riachuelo.
El trámite que se sigue ante el Banco Mundial, a fin de acceder a un crédito de 840 millones de dólares, se halla demorado. No se dispondrá de esa fuente de financiación hasta octubre. Esa suma será destinada a los gastos que demandará la construcción de un gran colector cloacal en la margen izquierda del contaminado Riachuelo.
Hace poco más de dos meses se anunció un plan de obras que iba a ser ejecutado en este ejercicio, con un presupuesto de 135 millones de pesos, y que abarcaba tareas de emplazamiento de cloacas, limpieza de márgenes y extracción de embarcaciones que yacen en el lecho del río. También se iban a desmalezar 15 arroyos que desembocan en el Riachuelo, lo que suponía un costo de 25 millones de pesos a cargo de cooperativas de los municipios de la cuenca.
La detención de los trabajos diseñados por la Secretaría de Ambiente de la Nación, a cargo de Homero Bibiloni, es más sorprendente cuando se sabe que la Corte Suprema de la Nación intimó a limpiar el Riachuelo tanto al gobierno nacional como a los gobiernos de la provincia y de la ciudad de Buenos Aires. La decisión del alto tribunal respondió a una causa iniciada en 2003 por vecinos del área que, tres años después, llevó a dividir el planteo judicial en tres partes. La primera concentraba las demandas que individualmente formularan las personas afectadas por la contaminación. La segunda se refería a la responsabilidad por los costos de la recuperación ambiental. La tercera aludía al modo en que habrá de recomponerse el ambiente dañado.
Sobre esta cuestión se expidió la Corte en julio de 2008, luego de escuchar a las partes oficiales y privadas, y de dar intervención a especialistas de la Universidad de Buenos Aires. La sentencia exige, como es lógico, un cumplimiento estricto de parte del gobierno nacional.
Recientemente, una investigación realizada por la organización ambientalista Greenpeace acerca de la contaminación del Riachuelo fue expuesta en la universidad británica de Exeter. En ella se señala que el nivel tóxico del río ha crecido y que el deterioro persiste, pese a la intervención de la Corte, cuya sentencia no se cumple ni se impide la descarga de los efluentes industriales que agravan aún más la situación.
Es lamentable insistir con comentarios críticos acerca del peor problema ambiental que enfrenta el país. En ese daño potencialmente están amenazadas todas las formas de vida de la cuenca. No es posible que haya pasividad ante un cuadro tan severo de degradación de las condiciones del medio en que habitan cinco millones de personas. Es inaceptable, por lo tanto, el estancamiento de las acciones reparadoras. Las demoras burocráticas no valen como justificación de lo que no se hace o se posterga indefinidamente. Lo que verdaderamente hace falta es la voluntad política de resolver el problema con inteligencia, energía y los recursos disponibles.