Como dice el adagio popular, esa platica se perdió. Se trata de más de $2.000 millones de la inoperante red de monitoreo de aire y para el sistema integral de escombros que se pensaron años atrás para la ciudad o los más de $8.940 millones despilfarrados en irregulares compras de lotes en la zona rural de Cali.
Esos recursos hubieran podido usarse para cubrir el costo de la reestructuración del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Dagma, que hoy reclaman ambientalistas, veedores ciudadanos, ingenieros sanitarios de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Acodal, la Personería Municipal y hasta congresistas de la bancada regional. Todos aspiran a que el Dagma se limpie de una vez por todas de los señalamientos de ‘contratitis’ de personal y consultorías externas, de procesos disciplinarios y penales que todavía siguen en curso, y de acusaciones de corrupción y de politiquería que la contaminaron casi desde su creación.
El décimo director que ha pasado en el cargo ambiental en esta última década (la mayoría no llegó al año de gestión), es Jesús González. Trabaja en calidad de encargado y ni el alcalde Jorge Iván Ospina ni el funcionario mismo aclaran por cuánto tiempo permanecerá en la dependencia que, para algunos, ha sido un escenario de desgreño administrativo, y para otros, un ‘quemadero’.
Sólo entre el 2008 y comienzos del 2009, el Dagma tuvo tres titulares, incluyendo al mismo González. Guillermo Banguero estuvo por siete meses, le siguió González por dos meses más y Alejandro Delima por otros seis meses.
“Yo no tengo la culpa de que hayan renunciado por motivaciones personales -dijo el Alcalde-. En el caso de Alejandro Delima, a quien lo habíamos identificado para participar en nuestro gobierno, decidió irse, al parecer por razones de tipo político”.
Sin embargo, el propio Delima sostiene que si bien es cierto que tiene aspiraciones políticas, también influyó en su decisión de irse de la entidad la “falta de herramientas para trabajar”.
A su regreso al Dagma, González expresó que debido a los costos es impensable la reforma administrativa que le ha exigido el Concejo de Cali y cuyo valor se calcula en unos $15.000 millones. Al igual que el Alcalde, el Director (e) del Dagma dijo que ya está en marcha un proyecto de reorganización para recuperar la credibilidad ciudadana. Dijo que es un proyecto que busca solucionar la falta de recursos y de estructura, pues hay 23 funcionarios de planta y un centenar de contratistas. Según Ospina y González, se pretende que el Dagma quede únicamente con funciones de vigilancia, control y sancionatorias, manejando planes de gran impacto. La poda de árboles y la recolección de escombros los asumiría la empresa de aseo que se conforme, en reemplazo de la liquidada Emsirva.
Sin embargo, veedores cuestionan la medida porque la ven incierta y añaden que ha habido desgreño con los directores de turno porque “¿quién garantiza que las contrataciones para un proyecto se cumplan en el siguiente mandato o que no se retome, como el proyecto de un sistema integral de escombros en el 2005? Eso se nota porque todavía no hay un depósito final y seguimos en emergencia”.
Esas dudas las evidencia la Corporación Autónoma Regional del Valle, CVC, al indicar que tras seis años de haber entregado dineros de la sobretasa ambiental, el Dagma no ha demostrado en qué y cómo se ejecutaron $8.800 millones. Y el lío aumenta pues, aunque la CVC y el Director (e) del Dagma manifiestan su interés en superar las diferencias pasadas por el trámite de estos recursos, la corporación regional pone como condición la legalización de esos $8.800 millones para dar los $14.000 millones de la sobretasa en este año.
En la Alcaldía dicen que pueden justificar el destino que se le dio a esos recursos. Pero lo cierto es que aún no lo han hecho.
Por estos recursos, la Contraloría ya adelanta una investigación al Dagma y también por los contratos suscritos con particulares por la poda de árboles en el 2007, la no operación de la red de monitoreo de aire y por no haber ejecutado en el 2008 la totalidad de los $20.000 millones que conforman su presupuesto.
González explica que suele recibir los recursos en septiembre, quedando poco tiempo de ejecución hasta el final de año.
“El Dagma tiene una estructura débil. Además, la Ley 99 de 1993 no dio suficiente autonomía a los departamentos de gestión ambiental municipal. Si el director de la CVC de turno quiere transferir los recursos lo hace o sino no”, dijo el ex director Delima.

“Poca autoridad y mucha politiquería”
Voceros del Concejo Municipal recalcan que en campaña el Alcalde se comprometió a acometer una reforma administrativa en la entidad, “pero nos ha mentido y a la ciudad porque no hay una voluntad política”.
“Yo creo que el Dagma hay que restructurarlo totalmente si queremos contar con un organismo eficiente que cumpla con su deber en materia de medio ambiente”, dice el concejal Nelson Garcés. “Me parece que durante muchos años ha sido manejado a través de la politiquería”.
Algunos ediles reconocen que la influencia de varios colegas en la contratación en el Dagma es innegable y el 2008 no fue la excepción. Otros dicen que hoy no hay cuotas políticas y otros más que ha bajado esa contratación.
Pero hay ex directores del Dagma que aseguran que en la vinculación de contratistas durante sus mandatos, a más de la mitad los recibieron por recomendación de concejales, “pero escogiendo a los que reunían el perfil”.
Acodal también es crítico, y plantea la creación de un consejo directivo con delegados del Ministerio de Ambiente, de la Gobernación, de la Alcaldía, ya sea el Alcalde o el Director de Planeación, CVC, de universidades y de organizaciones sin ánimo de lucro “para eliminar esa administración politiquera del recurso humano”.
“El Dagma no es cuna de la corrupción. Es que no tiene recurso humano porque en la reforma de Jhon Maro Rodríguez se lo quitaron. Ahora necesita una reforma administrativa para darle dientes”, dijo la concejal Clementina Vélez.
Armando Palau, director del Consejo Municipal de Planeación y de la Fundación Biodiversidad, coincidió con quienes dicen que sí hay politiquería por contratos a particulares sin el perfil idóneo para el Dagma.
El alcalde Ospina aseveró que en su administración no ha habido desgreño como en el pasado y citó la polémica compra del predio El Rubí, en 2004, por $2.414 millones, por la cual este año a la ex directora Beatriz Eugenia Ramírez le dictaron resolución de acusación por peculado por apropiación y celebración indebida de contrato. Ospina concluyó que no habrá reforma administrativa porque la ley lo impide, sino una reorganización.

Directores temporales
En 2006, la Contraloría de Cali halló responsables de detrimento patrimonial por $6.527 millones por la compra de lotes en el 2000 al ex director de ese año Julián Sepúlveda y a dos abogadas.
Luego, por la dirección del Dagma pasaron Ángela Salazar, Sergio Arboleda, Nelsy Navarrete, Beatriz Ramírez (investigada por la compra de El Rubí por $2.414 millones), Inés F. Caicedo (criticada por respaldar el lote de El Mameyal) Alberto Ramos, Guillermo Banguero, Alejandro Delima y Jesús González.

Otros procesos
El Tribunal Contencioso Administrativo del Valle ordenó en el 2007 que al término de un año se reubicara y se recuperara la zona verde de la Autopista Simón Bolívar con Carrera 50.
La Contraloría de Cali determinó hallazgos administrativos en el Dagma, por no controlar residuos hospitalarios.
La Procuraduría Agraria coadyuvó una acción popular que reclama la red de monitoreo de aire, parada desde 2005.
El Tribunal Contencioso Administrativo del Valle admitió una acción popular por la extracción de piedras en el río Pance.
El Juzgado 14 Administrativo ordenó el cierre de unas canteras en Normandía.
El Juez 16 Administrativo ordenó suspender obras en el lote de El Mameyal para adecuarlo como la escombrera de Cali.