La reciente difusión de una investigación realizada por científicos especialistas en embriología molecular del Conicet sobre los efectos tóxicos del herbicida glifosato en embriones anfibios agrega un importante y nuevo aporte que avala la imperiosa necesidad de establecer el control de calidad del agua potable en Córdoba por parte de Dipas. Pero teniendo presente que es una atribución de la Dipas, el Gobierno de la Provincia debe adoptar ya un límite máximo tolerable para el glifosato en el agua que tomamos, aunque éste sea provisorio. Y, naturalmente, tomar muestras de agua en lugares clave, para su medición.
Para comprender cuál es la situación de la provincia en cuanto al agua potable, hay que hacer un poco de historia: después de 1980, año en que se “provincializaron” los servicios de abastecimiento de agua potable de todo el país, en Córdoba comenzó una declinación paulatina del control de calidad de estos servicios. Y así llegamos al estado actual, en que el organismo responsable del agua en nuestra provincia, la Dipas, se encuentra totalmente devaluado, por lo cual es incapaz de ejercer su función fundamental que es la de ser el órgano de aplicación del Código de Aguas.
Entre tantas obligaciones que abandonó ese organismo, el control de calidad del agua es, sin dudas, la de mayor relevancia para la salud de la población. Prueba de ello es la falta de laboratorio propio, junto con la desactualización de sus normas de calidad del agua potable, vigentes desde 1994, a pesar de que en su nota de presentación ya habíamos aconsejado su revisión y actualización periódicas.
Esta actualización hoy es muy necesaria por dos razones sumamente importantes: tener en cuenta los resultados de nuevas investigaciones que lleven a modificar los límites tolerables de sustancias con efectos sobre la salud (por ejemplo, el arsénico) e incorporar a la lista de parámetros a controlar los nuevos contaminantes que llegan al agua, como el glifosato.
Con referencia a este último, es urgente para la provincia controlar los niveles de glifosato residual, factible de llegar al agua potable, por el aumento cuantitativo de su uso en los cultivos intensivos, especialmente con la soja.
Su aplicación se extendió tanto que es muy probable que pueda llegar a contaminar los escasos recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos. Su efecto dañino sobre la salud está tan reconocido que muchos países han adoptado para este parámetro límites tolerables de concentración residual en el agua. A título de ejemplo podríamos citar los límites fijados por algunas instituciones de renombre mundial: EPA de Estados Unidos, 700 ug (unidades de glifosato) por litro; Alemania, 700 ug por litro; EQGs (Canadá), 280 ug por litro. (Fuente: Ciencia. Determinación de glifosato en muestras de agua en la cuenca del río Catatumbo).
En la provincia hay poblaciones enteras que están rodeadas de soja, igual que nuestros cursos superficiales, y que el uso de ese herbicida es cada día más intenso y discrecional. Un dato importante que refleja la situación actual es el aumento del consumo de agroquímicos (herbicidas, fertilizantes y plaguicidas), que pasó de 30 millones de litros en el año 1996 a 270 millones de litros en 2007.
Otro dato muy significativo: sobre la dosis útil aplicada: de tres litros por hectárea por año a fines de los ’90 se pasó, a mediados de la década actual, a tres aplicaciones de 12 litros por hectáreas por año.
Volviendo a la responsabilidad de la Dipas, es bueno recordar su ley orgánica, en cuyo artículo 3º, inciso e), se lee: “Fijar normas técnicas de calidad, uso y dotación del agua potable y parámetros de volcamiento para las residuales y controlar su cumplimiento”. Para cumplir con ese cometido es necesario actualizar sus normas de calidad del agua potable; implementar un nuevo laboratorio de aguas que cumpla con el fin de ejercer el control de calidad en todos los servicios de la provincia, y tener un programa de muestreo o monitoreo para toda la provincia y ejecutarlo.
En cuanto a la inclusión del glifosato en las normas provinciales debido al riesgo potencial que significa, una vez adoptado el límite tolerable con el asesoramiento de expertos, se deberá diseñar un programa de muestreo y ejecutar los análisis por medio de la metodología más adecuada y en una institución confiable. Puede ser en la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC o en el Ceprocor, utilizando un equipo de cromatografía iónica con supresor de conductividad o similar. Esto debe ser para superar la emergencia, mientras se concreta la implementación del laboratorio propio, que nunca debió desmantelarse.
Estas son las condiciones mínimas para empezar a hacer algo que tenga como fin proteger a nuestra población de posibles enfermedades de origen hídrico.

* Ingeniero químico. Ex jefe del Laboratorio de OSN-Epos-Dipas. Coautor de las Normas de Calidad de Agua Potable de Córdoba