El propietario de 528 hectáreas en el paraje Los Baguales obtuvo protección a través del recurso de amparo judicial para que no se realicen más trabajos del acueducto Los Barreales en sus tierras. La sentencia, no obstante, no tendrá efecto inmediato porque la obra en esa zona ya se terminó.
Omar San Martín es el dueño de la tierra donde se realizaron tareas relacionadas con la obra desde el 2007, sin que se le pidiera su consentimiento ni se lo notificara de una expropiación por uso público.
Desde aquel año San Martín entabló una demanda contra la provincia de Neuquén y contra la UTE que ejecuta la obra, pero luego desistió de litigar contra la unión de empresas y sólo dejó en pie la demanda contra el estado provincial.
Dos años después consiguió que el Juzgado Civil Nº 2 dictara una sentencia en la que se ordena al Gobierno detener cualquier otra en las hectáreas mencionadas. La norma se publicó el 14 de este mes en la página oficial de la Justicia neuquina.
Desde el Estado provincial se argumentó que San Martín no era el propietario de las tierras y que, al considerarlas de dominio público, no se las incluyó en la ley de expropiación por utilidad pública que sancionara la Legislatura neuquina antes de que se construya el acueducto.
La jueza dio por cierta la propiedad a favor de San Martín al contar en su poder con el Decreto 0828/04, que declara cumplidas las obligaciones de compra y ordena otorgarle el respectivo titulo de propiedad. A la magistrada también le llegó un informe de la Dirección Provincial de Recursos Hídricos en julio de 2008 donde surge que se ha reconocido “el derecho de propiedad del actor sobre los inmuebles en cuestión identificados”.
Si bien la acción judicial se aprobó a favor de San Martín, sus efectos pueden ser nulos ya que la obra en ese tramo se llevó a cabo hace varios meses y se encuentra detenida a la espera de nuevos fondos para la extensión de otros tramos del acueducto.
Una vez que la construcción esté en su etapa definitiva, es decir que cuente con el tendido eléctrico, podría requerir de trabajos de prueba de los caños instalados ya en las hectáreas de San Martín. Para ese entonces desde la Provincia se espera haber zanjado la situación legal con San Martín.
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