Los alcances del acuerdo establecido entre la Municipalidad de Magdalena y la empresa petrolera, que pondría fin a los procesos judiciales iniciados a causa del derrame de petróleo que afectó a parte de la ribera bonaerense, en especial la costa de ese distrito, a raíz del choque de dos buques ocurrido en 1999, dejan expuesta como primera conclusión la gravedad que caracteriza a los desastres ecológicos y la duración de sus secuelas negativas para el medio ambiente.
Como se sabe, el convenio suscripto establece que la empresa pagaría una indemnización al municipio, aún cuando esa definición será sometida a una consulta popular convocada para mediados del mes venidero con el propósito de aceptar o no los términos del trato acordado. Se sobreentiende que el resarcimiento buscaría compensar los daños ambientales y el desmedro sufrido por las actividades turística y económica de la región afectadas por el vuelco de hidrocarburo, previéndose además otras cláusulas que fueron reflejadas en un artículo publicado recientemente en este diario.
Se señaló también que el acuerdo entre las partes enfrentadas en litigio vendría a resolver demoras e indefiniciones que se registrarían en la causa judicial en trámite. Está claro, además, que la conformidad propia de todo arreglo extrajudicial no significa que, en modo alguno, la costa de Magdalena se haya recuperado del gravísimo impacto que sufrió a raíz de una contaminación que, según afirmaron entidades ambientalistas, aún persiste.
Como se ha dicho, la ocasión parece oportuna para reflexionar y ponderar, en términos generales, acerca de lo que implica un derrame de petróleo ya sea en el río o en el mar, con afectación del recurso agua, de la fauna ictícola y de los microorganismos costeros, que son el primer eslabón de la cadena trófica de todo el sistema. A partir de allí se registran desequilibrios, migraciones y problemas reproductivos de la fauna, que tardan años en resolverse, y ello en tanto y cuanto se adopten medidas acertadas.
Si bien el caso de Magdalena tuvo un origen accidental, de alguna manera imprevisible, resulta atinado siempre reclamar que existan mecanismos ágiles y eficaces para salir en defensa de la naturaleza, si no para evitar al menos para reducir al mínimo las consecuencias catastróficas de estos episodios.
Aún vigentes las secuelas de aquel lamentable derrame, importa extraer enseñanzas. Tanto el Estado como los sectores privados que operan con productos sensibles deben estar capacitados para poner en marcha, en forma oportuna, procedimientos eficaces. De sobra se conoce la falta de capacidad operativa que existe entre nosotros -tanto en este tipo de siniestros, como en muchos otros- para prevenirlos o, ya producidos, para responder rápida y exitosamente ante coyunturas tan graves como la que se registró diez años atrás en Magdalena.