Pese a tener un pedido de tratamiento urgente y preferencial, con o sin despacho de comisión, el proyecto de ley por el cual se prohíbe la siembra y fumigación en las islas entrerrianas no prosperó en la Cámara de Senadores por falta de consenso. Varios legisladores objetan que la norma perjudicaría a zonas del delta del Paraná donde históricamente se practica la agricultura, por lo que pretenden exceptuarlas de su aplicación o al menos restringir la actividad.
La iniciativa, que cuenta con media sanción de la Cámara baja, fue presentada en 2004 por el diputado victoriense Carlos Almada y cobró interés en la Legislatura a raíz del polémico caso de la construcción de terraplenes, siembra y fumigación de unas 10 mil hectáreas de islas del ejido de Victoria, entre el río Paraná y los arroyos Los Laureles y Estévez, frente a Villa Constitución.
No es la primera vez que el proyecto no prospera en Senadores: en su antepenúltima sesión, hace unos 20 días, se inició el debate pero retornó a Comisión de Producción tras una serie de objeciones del legislador de Islas del Ibicuy, Eduardo Melchiori. También se acordó el tratamiento urgente y preferencial en quince días, más allá de que se emitiera o no un despacho.

Modificaciones. En aquella oportunidad, Melchiori argumentó que si se aprueba el texto original de la iniciativa, se perjudicaría seriamente a la zona que representa, ya que la mayoría de las Islas del Ibicuy son propiedad de particulares y desde tiempos inmemoriales allí se practica todo tipo de producción. La observación del legislador fue acompañada por pares de los departamentos La Paz, Diamante, Paraná y Gualeguay, en cuyas islas la situación es similar.
El tema se debatió en comisión, pero al no haber acuerdo se mantendrá en este ámbito hasta que se definan las modificaciones que se pretende introducir al articulado, como la excepción de su aplicación en ciertos lugares o al menos la restricción de la agricultura.Incluso trascendió que se estaría elaborando una nueva norma sustancialmente diferente a la original.
Todo indica que el tratamiento de este proyecto se dilatará indefinidamente, y más aún teniendo en cuenta que el texto modificado (o el nuevo) deberá retornar a la Cámara baja para su nueva aprobación o rechazo.
La situación indignó al autor de la norma, quien adelantó que no se quedará de brazos cruzados y convocará a organizaciones ambientalistas para hacer conocer la realidad del humedal.

Comisión. Mientras tanto, y para compensar de alguna manera estas dilaciones, el senador victoriense Carlos Garbelino presentó un proyecto de comunicación para que el Ejecutivo provincial conforme en forma urgente una comisión para monitorear qué trabajos se hacen en las islas de Victoria. El organismo estaría integrado por representantes de la Secretaría de la Producción, la Dirección de Hidráulica y la Secretaría de Medio Ambiente.
El legislador explicó que la medida apunta a "analizar qué tipos de laboreos se hacen y que puedan llegar a generar inconvenientes en nuestros humedales".
Sea cual fuera el resultado final de estas idas y venidas, quedó claro que la conexión vial entre Rosario y Victoria puso en la vidriera a un humedal donde poco se sabía antes qué ocurría.

Victoria quedó en la vidriera
Los acontecimientos de los últimos años en las islas entrerrianas ponen al descubierto una realidad insospechada para muchos y un hito revelador fue la construcción del enlace Victoria-Rosario, que es en definitiva un gigantesco terraplén que desnudó al humedal y su belleza.
Luego se sucedieron los incendios intencionales, los arrendamientos de lotes fiscales, la superpoblación de ganado, la inundación y la mortandad de miles de cabezas que quedaron allí varadas, las apropiaciones ilegales de tierras y ahora la siembra, prácticamente inédita en Victoria pero históricamente practicada sin cuestionamientos en islas de otros departamentos de Entre Ríos.
Todo indica que, tal vez por encontrarse atravesada por una pasarela y a la vista de todos, la zona insular victoriense es la única en Entre Ríos donde se debate la lucha entre los defensores del medio ambiente y los intereses económicos particulares.
De allí que ahora los esfuerzos del Senado provincial se circunscriban a monitorear y proteger exclusivamente ese área, que en realidad ya tiene su propia defensa y regulación a través de ordenanzas municipales, aunque éstas no se respeten ni apliquen al menos en el caso del emprendimiento agrícola que se desarrolla frente a Villa Constitución.

"Una Botnia en el delta"
La postergación del tratamiento de la ley generó la indignación de su autor, el diputado victoriense Carlos Almada, para quien "hay intereses ocultos" en el tema.
El legislador comentó que en Senadores se plantea restringir en vez de prohibir la actividad agrícola en las islas, lo cual "es un despropósito porque esto habilitaría la posibilidad de siembra que es algo que no se puede permitir".
Para el funcionario fue sugestivo y preocupante que en el debate en comisión participaran representantes de entidades rurales, "que no sabíamos que estarían y quienes defendían una postura que no pensé que podría tener un entrerriano. Estas organizaciones cuando defienden sus intereses se olvidan de que hay derechos de personas que se deben respetar".
Almada lamentó que "no se haya interpretado que la ley sólo pretende preservar el medio ambiente" y anunció que planea convocar a organizaciones preservacionistas provinciales y nacionales, entre ellas Greenpeace, para realizar reuniones en Victoria y en sus islas "para que se sepa cuál es la realidad", enfatizó.
"Nadie tiene el derecho de contaminar un millón de hectáreas de islas con agroquímicos. Si cambian el objetivo de la ley, pueden llegar a hacer una nueva Botnia en el delta del Paraná", advirtió.