El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha condenado a España al detectar incumplimientos de la directiva marco europea del agua en las legislaciones autonómicas de Galicia, País Vasco, Andalucía, Baleares y Canarias.
La norma en cuestión busca establecer un marco para la protección de las aguas superficiales continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas.
De acuerdo con la directiva, los estados miembros debían especificar las cuencas hidrográficas situadas en su territorio nacional e incluirlas en demarcaciones hidrográficas. Además, debían designar la autoridad competente para la aplicación de la norma en cada demarcación hidrográfica situada en su territorio a más tardar el 22 de diciembre de 2003, y facilitar a Bruselas la lista completa seis meses después.
En España, la gestión de las cuencas hidrográficas se rige por la ley de Aguas. A efectos de la gestión del agua, la legislación española distingue dos clases de cuencas hidrográficas. Por un lado, las cuencas denominadas intercomunitarias, que comprenden territorios pertenecientes a varias comunidades autónomas, cuya gestión corresponde a la administración general del Estado y, por otro lado, las cuencas denominadas intracomunitarias, que son aquellas en las que la totalidad de su territorio está comprendido dentro de una única comunidad autónoma, asumiendo el Gobierno autonómico de ésta la competencia sobre la gestión del agua.
La ley de Aguas fue desarrollada, en particular, por el Real Decreto 125/2007 que delimita las demarcaciones hidrográficas cuyo ámbito territorial afecta a más de una comunidad autónoma (pero no delimita demarcaciones hidrográficas intracomunitarias).
La Comisión Europea solicitó al TUE que declarara que España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la directiva marco del agua al no haber designado todas las autoridades competentes para la aplicación de la misma y al no haber comunicado a Bruselas la lista de todas las autoridades competentes.
En su sentencia de este jueves, el TUE deja claro que las obligaciones de delimitación de las demarcaciones hidrográficas y de designación de las autoridades competentes no pueden disociarse. Según el Tribunal de Justicia la demarcación hidrográfica es la principal unidad a efectos de la gestión de las cuencas hidrográficas.
La delimitación de dicha demarcación es indispensable para que una autoridad designada pueda considerarse apropiada a efectos de la aplicación de las normas de la directiva.