La presidenta del INADI, María José Lubertino, participó de la audiencia pública que se realizó el martes para analizar el proyecto de modificación de las obras de recaudación de la red de drenaje para la Cuenca Arroyo Maldonado, la cual estuvo presidida por Graciela Gerola de la Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
“El medio ambiente constituye un ámbito en que las prácticas discriminatorias se configuran con relación a aquellos habitantes sobre quienes recaen cargas relativas a los efectos y/o alteraciones lesivas para el hábitat de su zona de residencia”, aseguró Lubertino quien afirmó que “es por eso que las vecinas/os de los barrios atravesados por el Aº Maldonado (Palermo, Villa Crespo, Villa Mitre, Villa Santa Rita y Vélez Sarsfield, Floresta y Villa Luro) son ciudadanas/os discriminadas/os ambientales y su caso resulta paradigmático”.
Lubertino - quien fuera constituyente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - recordó que el artículo 27 de la Constitución de la Ciudad, consensuado con los/as vecinos/as, establece el deber de “desarrollar en forma indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural, que contemple su inserción en el área metropolitana e instrumentar un proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo”.
Desde hace varios años un numeroso grupo de vecinas/os observa que la construcción de los túneles aliviadores debajo de la Av. Juan B. Justo no es la solución apropiada ya que enfrentará serios problemas de descarga por su gran longitud, su escasa pendiente y el reflujo producido por el Río de la Plata con los vientos del SE. Por todo esto, “es paradójico, entonces, que a un año de la adjudicación el gobierno de la ciudad haya convocado a esta audiencia para analizar modificaciones al proyecto licitado”, opinó Lubertino.
Por último, la presidenta del INADI informó que la institución está al servicio de los ciudadanos que busquen mayor información sobre discriminación ambiental o radicar sus denuncias.

Fuente: Prensa - INADI