Desde el 2000 la comunidad internacional adoptó las llamadas Metas de Desarrollo del Milenio (MDM), que en el caso de los servicios de agua y saneamiento se proponen reducir a la mitad la población mundial que carece de acceso a agua potable y a los servicios de saneamiento básico (recolección, tratamiento y disposición de desechos líquidos y sólidos), para el año 2015.
Sin embargo, el más reciente informe global sobre el tema, el Tercer Informe Mundial del Agua de la UNESCO publicado en marzo de 2009 reconoce que “de acuerdo a las tendencias actuales la meta (de las MDM) para los servicios de saneamiento no será alcanzada por un amplio margen en la mayoría de los países en desarrollo”.
“Casi la mitad de la población mundial carece de acceso a estos servicios. Esto significa que millones de seres humanos continuarán enfermando y muriendo como consecuencia de enfermedades hídricas prevenibles como las infecciones diarreicas, la hepatitis A, la fiebre tifoidea, y el dengue, entre otras”, indica el doctor José Esteban Castro, profesor de sociología en la Universidad de Newcastle, Reino Unido. Y agrega: “Esta situación no es explicable como el resultado de la falta de conocimiento técnico o de tecnologías adecuadas para garantizar esos servicios a todas las personas, sino que se trata más bien de un problema fundamentalmente social, ético y político”.
Tal afirmación surge del relevamiento de diferentes casos. Castro, en asociación con el doctor Léo Heller, profesor en Ingeniería Sanitaria y Epidemiología de la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil, recopilaron experiencias de diferentes países en el libro “Servicios de Agua y Saneamiento: políticas públicas y gestión”.
“El objetivo de nuestro trabajo es el de estimular la producción de conocimiento científico en un área en la que consideramos existe un vacío en la investigación, que es la interfaz entre la gestión técnica de las empresas y las políticas públicas en el sector de los servicios de agua y saneamiento. Especialmente nos preocupa promover una mayor sinergia entre las ciencias sociales y las disciplinas tecno-científicas (ingeniería e hidrología entre otras), que por la naturaleza de este sector de actividad son las que han tenido el rol central en la producción de conocimiento sobre el tema”, señala Castro que también es coordinador de la red de investigación sobre agua, gobernabilidad y ciudadanía en América Latina WATERLAT, que cuenta con investigadores en la mayoría de los países de la región incluyendo Argentina y Brasil.
Castro y sus colaboradores parten del reconocimiento de que la organización y gestión de servicios públicos esenciales como los de agua y saneamiento presuponen una sólida base de conocimiento y pericia técnicos. “Sin embargo, la base fundamental de dicho conocimiento y pericia existe desde el siglo XIX, y se ha expandido y profundizado en forma permanente hasta la fecha”, indica el experto. Y agrega: “El hecho de que a comienzos del siglo veintiuno una proporción significativa de la población humana no cuente ni siquiera con un litro diario de agua segura para beber no es atribuible a la falta de conocimiento científico-técnico ni a la falta de tecnologías apropiadas para garantizar ese servicio a todos. Lo mismo puede decirse de los servicios de saneamiento básico que constituyen el fundamento de la salud pública”.
Dado que en la actualidad están disponibles los medios técnicos para asegurar el suministro de estos servicios, el que gran parte de la humanidad no tenga acceso a ese derecho básico se debe a problemas socio-económicos y políticos de carácter estructural, afirman los autores del libro, y lo evidencian los trabajos reunidos en el libro citado.
Para dar cuenta del avance científico y técnico, el libro describe una gran diversidad de casos, por ejemplo el de los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, y Suecia) en donde históricamente los gobiernos municipales en las ciudades y las cooperativas en la áreas rurales lograron universalizar estos servicios y mantenerlos en funcionamiento con los grados de calidad más elevados de Europa. Otros casos importantes que se discuten en detalle son los de Estados Unidos y Canadá, en los que, afirman los autores, “se hizo posible extender el beneficio del desarrollo tecnológico al conjunto de la población mediante la acción decisiva del estado, en relación a las inversiones y al modelo de gestión. Por ejemplo, en Estados Unidos la mayor parte de la población recibe sus servicios de agua y saneamiento de empresas públicas, especialmente municipales.” Por lo tanto, como conclusión los autores destacan que “la organización y el control general de esos servicios deben estar en manos del estado, y no puede dejarse este sector estratégico a la voluntad de los actores particulares, trátese de comunidades, empresas privadas u otros actores de nivel local o regional”.
Asimismo sostienen que “la inversión necesaria para desarrollar estos servicios a escala universal para cubrir a toda la población es de tal magnitud y sujeta a tales condiciones que la misma se torna inviable para los capitales privados o incluso en general para las escalas local o regional de gobierno, por lo cual la mayor parte o la totalidad de la inversión en estos sistemas debe ser pública”. De acuerdo con Castro, los países desarrollados financiaron estas inversiones mediante la recaudación de impuestos y la deuda pública y no existe razón para pensar que será distinto en los países de la región. Adicionalmente, los autores afirman que “el acceso a esos servicios esenciales no puede estar sujeto a la capacidad de pago de las familias y los individuos, ya que se trata de servicios necesarios para preservar la salud pública”. Es decir, los países desarrollados lograron universalizar los servicios subsidiando a las familias que no podían pagar el valor de los mismos, “una lección que no siempre se recuerda en los debates sobre el tema en nuestros países”, indica el experto.
Para Castro y sus colegas, la solución al problema requiere que las sociedades “reconozcan que los servicios de agua y saneamiento no deben ser considerados como una mercancía a la que sólo pueden acceder aquellos que pueden pagar por ellos, sino que más bien constituyen una responsabilidad social y pública que debe asumir el Estado. En realidad, poner el conocimiento científico y tecnológico al servicio del conjunto de la sociedad, mediante la universalización de un derecho básico para el sostenimiento de la vida humana como es el agua segura, constituye uno de los retos éticos que confrontamos en el siglo veintiuno”.
Según el investigador, la solución al problema, que además debe ser una solución sustentable a largo plazo en términos ecológicos, socio-económicos y políticos, requiere del esfuerzo concertado de las disciplinas tecno-científicas y de las ciencias sociales.