Cuando faltan dos meses para que la Ciudad de Buenos Aires anuncie que los 10 mil transformadores eléctricos que funcionan en su territorio están libres de cantidades nocivas de PCB, la Agencia de Protección Ambiental (APRA) del gobierno porteño denunció que Canal 7, la empresa Aguas y Saneamiento S. A. (AySA) y la sede de Ciudad Universitaria de la UBA “todavía poseen transformadores que tienen 500 mil partes por millón, una cifra demasiado alta cuando estamos a 60 días de mandar a descontaminar los últimos aparatos con 50 mil partes por millón”, explicó Horacio Walter, director de evaluación técnica del organismo que tiene el poder de policía en toda la ciudad para hacer cumplir la Ley 760. La norma fija el 31 de diciembre de 2010 como la fecha final para “eliminar o exportar todas las sustancias que contengan PCB en concentraciones superiores a 50 partes por millón”. Aunque la ciudad está a un paso de cumplir esa meta un año antes, sólo quedan tres organismos dependientes del Estado Nacional que no lo hacen porque se valen de la legislación federal para no retirarlos antes.

UN CANCERÍGENO MUY NOCIVO. PCB es la sigla que identifica una sustancia altamente tóxica que todavía se utiliza en la Argentina como refrigerante para transformadores de la red de eléctrica nacional. En 2001, la Convención de Estocolmo estableció que los PCB, entre otros compuestos, son contaminantes orgánicos persistentes que llegan a estar más de seis años en suelos y sedimentos y 10 años en peces adultos. Pero además de ser un poderoso ecotóxico, se trata de una sustancia cancerígena. La primera norma que fijó plazos para dejar de usar al PCB como refrigerante es la 25.670, llamada Ley de Presupuestos Mínimos de PCB, que data de 2002 y que creó el Registro Nacional Integrado de Poseedores de esta sustancia y que determina que “en 2010 todos los aparatos que lo contengan, y que su poseedor quiera mantenerlos en operación, deberán ser descontaminados a exclusivo cargo del poseedor. Hasta tanto esto suceda no se podrá reponer” esta sustancia.
“Como encargados porteños de evitar el uso del PCB nunca pudimos entrar a ninguna de estas tres jurisdicciones salvo con la ayuda de la Secretaría de Ambiente de la Nación, con la que pudimos corroborar que sus sistemas eléctricos siguen funcionando con transformadores con alto poder de contaminación”, explicó Walter. Según el organismo, los transformadores fuera de regla están ubicados en la planta potabilizadora de AySA en el barrio porteño de Palermo, al lado del Aeroparque Jorge Newbery, en la sede central de Canal 7, ubicada en Figueroa Alcorta y Tagle, y en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, con sede en la Ciudad Universitaria.
En la Ciudad de Buenos Aires, la red eléctrica utiliza 7.500 transformadores administrados por las empresas Edesur y Edenor, las dos distribuidoras de energía de Capital y Gran Buenos Aires. Según un informe al que tuvo acceso este diario “Edesur posee cerca de 50 transformadores en proceso de descontaminación mientras que Edenor posee otros 43 con menos de 500 partes por millón”, por esa razón se estima que todos estarán descontaminados a fines de julio.

LAS RESPUESTAS. Crítica de la Argentina se comunicó con los tres organismos cuyos transformadores están fuera de regla. En el caso de la UBA, su subsecretario de Infraestructura, Marcelo De Cusatis, confirmó que existen “dos transformadores con PCB en buen estado dentro de la Facultad de Ciencias Exactas, pero que serán reemplazados antes de fin de año, gracias a una obra de 629.000 pesos”. Sin embargo, había otros dos en la Facultad de Arquitectura que fueron desmantelados a principios de los 90, pero su contenido está en dos tambores que no han podido ser enviados a Francia para su descontaminación. “Hacerlo tiene un costo aproximado de 50 mil euros y no tenemos presupuesto para hacerlo”, explicó De Cusatis. En el caso de Canal 7, sus voceros contestaron que “analizarán el caso”, mientras que fuentes de AySA respondieron que “no hay atraso” y que están en la última etapa de remoción”. Para la APRA, esas explicaciones no alcanzan y el próximo paso será denunciarlos ante la Justicia.