El intendente Jorge Ferreira aseguró ayer al obispo viedmense Esteban Laxague que se dotará de electricidad y agua potable a la toma del barrio 30 de Marzo, cuyos ocupantes llevan un año viviendo en precarias condiciones.
El principal punto del encuentro -que se extendió por más de hora- estuvo relacionado a esa cuestión en la que involucra a numerosas familias carenciadas.
También, Ferreira aprovechó la reunión para requerirle al obispo su participación en la búsqueda de alternativas para la recuperación edilicia de la Manzana Histórica. El objetivo municipal es utilizar sectores del Obispado para la UNRN, a "cambio de inversiones y mejoras del edificio".
Además, el jefe comunal se explayó en la situación de "las 15 hectáreas del barrio Mi Bandera", que los ocupantes llamaron 30 de Marzo, y aseguró que "se logró un 60% de las situaciones tras un trabajo de recorrida individual familia por familia".
La pretensión -según el intendente- "es avanzar más y llevar el agua y la electricidad", con una inversión de $ 1.200.000.
La municipalidad de Viedma había adquirido en 2007 unas 15 hectáreas y, luego, numerosas familias de los barrios Mi Bandera y el contiguo Lavalle ocuparon por la fuerza ese predio. La situación generó una serie de controversias, incluso cuando la comuna optó por otros criterios de distribución y reubicó a la mayoría de esos ocupantes. El intendente refirió que "esas 15 hectáreas se adquirieron para loteos sociales y hoy tienen este destino".
Sin embargo, el jefe comunal aseguró que "se mezclan familias con reales necesidades sociales, que son a las que estamos dando respuestas, y grupos organizados que son parte de un movimiento que también se dan en otras localidades, que tiene otros intereses y que viven del conflicto".
También se refirió a la necesidad de "contar con más lotes para las 300 familias inscriptas en el Registro de Tierras".
De todas formas, el Ferreira diferenció la situación de las 15 hectáreas del barrio Mi Bandera y las usurpaciones a terrenos privados del Santa Clara. Estas se produjeron en enero pasado, y el miércoles pasado, comenzó a actuar la Justicia aunque no se sabe si habrá desalojos compulsivos.