Con atrasos respecto de los plazos ordenados judicialmente y graves cuestionamientos al organismo ejecutor (ACUMAR), el saneamiento del Riachuelo no ha logrado cumplir con casi ninguna de las metas fijadas por la Corte Suprema ¿Va camino a convertirse en una nueva frustración, similar a la del Plan de los mil días de María Julia Alsogaray?.
Las fuentes consultadas por este diario (una asociación vecinal y una ONG ambientalista), coincidieron en afirmar que a meses del pronunciamiento del máximo tribunal en la causa “Mendoza” (sobre daños y perjuicios derivados de la contaminación ambiental), “es muy poco lo que se ha hecho”.
“Más allá de la remoción de los barcos hundidos, que es un hecho positivo pero muy menor, estamos muy lejos de la solución que esperamos”, señaló Alfredo Alberti, de la Asociación Vecinos de la Boca, entidad que actúa como parte en la causa “Mendoza”.
El informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), publicado el 19 de abril pasado en la página web de la entidad, enumera los sucesivos incumplimientos en el plan de saneamiento en cuanto a control de industrias, informes sobre la calidad del agua, basurales a cielo abierto e impacto de la contaminación en la salud de la población.
Los cuestionamientos alcanzan al secretario de Ambiente y Recursos Sustentables de la Nación y titular de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), Homero Bibiloni, y se extienden a la directora ejecutiva del organismo provincial equivalente, Ana María Corbi. Los legisladores provinciales Maricel Etchecoin, Walter Martello y Fernando López Villa y la diputada nacional Fernanda Reyes presentaron sendos pedidos de interpelación en sus respectivas legislaturas para que Corbi y Bibiloni den explicaciones por los atrasos en los trabajos de saneamiento.
Según la FARN, no se inspeccionó la totalidad de las industrias, ni se diseñó un plan claro para hacerlo. “Los registros estatales incluyen 4103 industrias, pero otras fuentes estiman que en realidad son entre 12 y 15 mil”, señaló el informe que precisó que “de esas 4103 sólo una parte ha sido inspeccionada”.
Los informes trimestrales sobre la calidad del agua y del aire también exhiben un considerable déficit. “ACUMAR no presentó en tiempo y forma los estudios requeridos ni realizó hasta la fecha ninguna medición de aire, por lo que el Cuerpo Colegiado solicitó la aplicación de multas”, señaló FARN.
Tampoco se cumplieron las obligaciones fijadas por la Corte en el fallo Mendoza en lo que hace a la publicación de información que permita controlar los avances del plan, la erradicación de basurales y la relocalización de personas que viven en ellos.
Más graves todavía son los atrasos en el área de salud donde el organismo estatal muestra fallas en cuanto a la determinación de la población en situación de riesgo y al diagnóstico de las enfermedades que amenazan a más de 2 millones de personas, la mayoría perteneciente a los sectores más vulnerables de la población.
Otro de los cuestionamientos se refiere a la subejecución del presupuesto destinado a los trabajos de limpieza. En este punto el diagnóstico de la FARN se encuentra respaldado por un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que señala que en lo que va del año no se gastó ni un sólo peso del presupuesto acordado.
“En el ejercicio 2009 el programa de saneamiento incrementó su presupuesto en un 70 por ciento. Sin embargo devengó una suma de cero peso, es decir una subejecución del 100 por ciento”, precisó el informe de AGN.

“Falta vocación”
Néstor Nápoli, titular del área Riachuelo de la FARN, dijo a este diario que “no hay avances significativos ni gran energía en la gestión. ACUMAR no está funcionando como lo que debe ser: un organismo que organiza y coordina los esfuerzos de miles de jurisdicciones involucradas en la problemática de la CMR”.
El especialista habló de un déficit en la gestión y una “sistemática subejecución” del presupuesto. “No hay vocación del gobierno” resumió Nápoli, que sin embargo se mostró esperanzado en que el inminente otorgamiento de un crédito del Banco Mundial, por 640 millones de dólares para tendido de cloacas, le dé nuevo impulso al plan de saneamiento.
El dramatismo de la situación quedó evidenciado en el informe de la (FARN), que expresa que “la Cuenca Matanza Riachuelo (CMR) se encuentra actualmente ante una oportunidad histórica, tal vez la última que tenga para revertir el lastimoso estado en que se encuentra”.
La FARN es una de las entidades incorporadas por la Corte a la causa “Mendoza Beatriz c/ Estado Nacional s/ daños y perjuicios”, iniciada en junio de 2006, junto al Defensor del Pueblo nacional, Greenpeace, CELS y las asociaciones de vecinos de La Boca y Lomas de Zamora.