La supuesta defraudación a la administración pública debió iniciar el debate en junio de 2008. Los recursos interpuestos por los abogados defensores postergaron el juicio, en el cual está incriminado Oscar Alberto Pepa.
Más de 20 testigos citados y una docena de imputados forman parte de la causa caratulada como fraude en perjuicio de la administración pública, por la obra de cloacas realizadas en Intendente Alvear.
La audiencia de debate en la Cámara del Crimen de General Pico estaba programada para el mes de junio del 2008, pero los recursos interpuestos por los abogados defensores de cada una de las partes comenzaron el otro proceso: el de la dilación.
Ayer, una fuente judicial consultada afirmó que el tribunal tiene la "voluntad de realizar el juicio lo antes lo posible". Pero esas ansias chocan con las cuestiones técnicas de los abogados que esperan conseguir una infinita postergación de la causa. De esta manera, o habría culpables y los desbarajustes realizados con los dineros públicos quedarían en la cerrazón del pasado.
En la causa se imputa al ex intendente de Alvear, Oscar Pepa y funcionarios, de realizar la obra "red cloacal domiciliaria y planta de tratamiento de líquidos cloacales", mediante la contratación directa de la empresa Ilka Construcciones SRL y Consnor S.A. El monto establecido en febrero de 1999 fue de algo más de 18 millones de pesos-dólares, ya que en ese momento estaba vigente la convertibilidad.
La forma de contratación y el adelanto financiero otorgado, fue objetada por la justicia al entender que no se ajustaba a lo establecido por la Ley de Municipalidades. Además, el monto de la obra se asegura fue sobrevalorado, de acuerdo a las pericias de la Sindicatura General de la Nación (Sigen).
Como agravante para los vecinos de la localidad norteña, la obra iniciada por la unión de ambas empresas fue abandonada en el mismo año, hacia el mes de diciembre. El avance de los trabajo fue acreditado en un 55 por ciento. La construcción debió ser terminada por otra empresa, contratada mediante licitación pública.
Los concejales del período 1995/1999 también quedaron bajo la mira de la justicia como coimputados, pues se entiende que "omitieron controlar las formalidades de la contratación", siendo el concejo deliberante "órgano de fiscalización y aprobación de las cuentas de inversiones del municipio".

Manejo irregular.
Los recursos para financiar el proyecto llegaron desde el Gobierno Central, mediante la modalidad de Aportes del Estado Nacional (ATN), una figura muy utilizada por el entonces menemismo, para girar recursos a las provincias y municipios. Según la acusación que recae sobre los funcionarios, "se acreditó que existió por parte del Ejecutivo Municipal un manejo irregular de los fondos que giró Nación para construir la obra, dándoles un destino diferente para el que fue enviado".
La pericia contable que llegó a esa conclusión fue realizada personal especializado de la Policía Federal Argentina, que determinó que se recibieron 10 millones de pesos-dólares, de los cuales fueron girados a la empresa adjudicataria $ 9.114.983, a pesar del incumplimiento de la empresa en los trabajos.
La Cámara del Crimen de General Pico, que ahora integran los jueces Alfredo Alonso, Florentino Rubio y Silvia Dahir, esta última en carácter de sustituta, tiene en sus manos la resolución de una causa que acumula tantas fojas, como dilaciones.