Con esta iniciativa de profundo sentido social, el legislador sostiene que el Estado debe ser el principal promotor activo del bien común, debe asegurar a las personas un acceso mínimo al agua potable sin consideraciones económicas. El acceso al agua potable, remarca, es un derecho humano esencial y como tal debe ser tratado. En consecuencia, afirma que “sin agua potable no es posible llevar una vida sana y productiva”, y por ello propone que el suministro del vital líquido (que equivale a quinientos litros diarios), reciban todas las familias sin distinción de clases sociales.
El proyecto también prevé que, aun cuando en una vivienda no residiere una familia, sus moradores tendrán derecho a la provisión de cinco metros cúbicos de agua potable por mes en forma gratuita.