Según el Código Civil argentino, "los ríos y sus cauces son bienes públicos". Sólo se consideran aguas privadas aquellas que caen en una propiedad durante las lluvias, las de las corrientes hídricas que nacen y mueren en una misma propiedad y las que corren por canales privados y no por cauce natural.
Mientras, conforme el conjunto normativo y las disposiciones del Código de Agua de la Provincia, "está prohibido instalar alambrados sobre el curso de un río, pues de esa manera, quien lo hace se estaría atribuyendo como propios terrenos que son públicos".
Por lo tanto, siendo de dominio público, todas las personas tienen derecho a circular por las riberas internas de los ríos. Se entiende por ribera "la línea de crecida media ordinaria y que nadie puede atribuir como su propiedad".
También los instrumentos legales citados prohíben, de manera expresa, impedir que la gente circule por ese terreno público.
Finalmente, el Código Civil establece que los propietarios limítrofes con los ríos o con canales están obligados a dejar una calle o camino público de 35 metros hasta la orilla del río o arroyo, "sin ninguna indemnización", según recuerda la Dipas en la resolución provisoria que dictó para regular en este sentido.