Los habitantes del partido bonaerense de Magdalena decidirán hoy a través de un plebiscito si aceptan un acuerdo extrajudicial por 9,5 millones de dólares con el que la empresa Shell pretende compensar el daño ambiental causado hace 10 años por un derrame de hidrocarburos en las costas de la zona. Una demanda iniciada por 523 ciudadanos del partido reclama 360 millones de dólares por “el perjuicio ecológico y los daños físicos, sicológicos, morales y económicos originados por el desastre”. Una suma 40 veces mayor a la ofrecida por la petrolera.
El acta acuerdo propuesta por la empresa –al que accedió Crítica de la Argentina– sostiene que la indemnización “no implica por parte de los demandados el reconocimiento de responsabilidad alguna en los hechos que dieron origen al proceso” y que el monto ofrecido “se considerará total y definitivo de los reclamos iniciados”. Organizaciones ambientalistas y vecinos denuncian que el plebiscito convocado por la municipalidad –de carácter no vinculante, según el documento suscripto por el intendente y los representantes de la petrolera– “carece de discusión comunitaria, informes científicos, e información a la comunidad” y plantean interrogantes sobre el destino de los fondos que recibiría la comuna. Para el intendente Fernando Carballo, que apoya la aprobación, el monto ofrecido “representa un presupuesto y medio de la municipalidad” y “es más o menos lo que costaría reparar el medio ambiente”.

LOS HECHOS. El 15 de enero de 1999 el carguero Sea Paraná, de bandera alemana, embistió al buque petrolero Estrella Pampeana que transportaba 5.400 toneladas de crudo pertenecientes a Shell. El accidente –ocurrido a unos 30 kilómetros de la costa de Magdalena– provocó el mayor derrame de petróleo en aguas dulces de la historia. A las pocas horas, una inmensa mancha negra de 10 kilómetros de largo por 50 metros de ancho tiñó de negro el río de aguas marrones y llegó a las costas del pueblo de 10 mil habitantes, a 40 kilómetros al sur de La Plata. “El petróleo avanzó por la costa afectando la flora y fauna de toda la región y arruinando las vidas y la salud de muchos de nosotros” recordó Carlos Di Gregorio, uno de los vecinos que se opone a la firma del acuerdo.
La comuna, junto a un grupo de vecinos y comerciantes damnificados por el siniestro, inició una acción civil ante la justicia platense.
El 22 de noviembre de 2002, el juez Julio César Miralles condenó a la compañía a retirar los restos de hidrocarburo y a reparar el medio ambiente. “Shell CAPSA no ha dado cabal cumplimiento de las obligaciones legales a su cargo que se demandan. Esa omisión ha sido fruto de una decisión voluntaria de Shell no imputable a tercero alguno, por lo que no cabe exonerarla de las responsabilidades que son su consecuencia”, dice el fallo. La empresa rechazó la sentencia por considerar que “no estaban claras las responsabilidades del accidente”. La respuesta de Miralles fue contundente: “Los responsables son los dueños o guardianes del hidrocarburo. El dueño o guardián de un residuo peligroso no se exime de responsabilidad por demostrar la culpa de un tercero”.

PLEBISCITO CUESTIONADO. En el documento que se propone suscribir, la empresa ofrece su colaboración “desinteresada y no vinculante” a la Municipalidad brindando asesoramiento en materia legal, ambiental, tecnológica, de diseño y planificación. “Pero nada dice el acta acuerdo respecto al daño ambiental en sí provocado por el derrame”, aseguró Alejandro Meitin, miembro de la Fundación Ala Plástica, una de las organizaciones que se opone a la aprobación.
Un informe elaborado la Red de Ecología Social (REDES) sostiene que hubo “una transformación de las condiciones ambientales en la zona litoral del partido de Magdalena demostrando que la magnitud del impacto fue suficientemente severa como para alterar el ecosistema y producir efectos de larga duración que aún hoy persisten”.
Es una propuesta razonable, dice el intendente
“Cuando uno tiene temas pendientes por resolver e incertidumbre, lo más democrático es exponerse a la consulta de la población”, dijo el intendente de Magdalena, Fernando Carballo. Y rechazó las acusaciones que aseguran que el resultado del plebiscito está arreglado. “El proyecto de ordenanza para convalidar el convenio dice que si la mitad más uno de los votantes se expresa por el sí, se aprueba el convenio; pero si la mitad más uno dice que no, se rechaza”, agregó.
Para Carballo, el monto ofrecido por la multinacional Shell es “razonable” porque “es más o menos lo que un perito determinó que costaba reparar el medio ambiente”. Agregó que “no sólo se trata de una indemnización económica sino un diseño turístico en las costas donde se ocasionó el derrame y también la elaboración del diseño de una planta industrial y una planta de tratamiento de residuos para Magdalena”. Carballo admitió que “siempre” trató de “buscar una alternativa a la Justicia porque sabía que en algún momento iba a surgir un fallo que no nos iba a favorecer”.
Por último, opinó que “de continuar el proceso, un nuevo juez volverá a pedir pericias pero los resultados ahora no serán los mismos, porque el daño quedó difuso”.
En la otra vereda, el vecino de Magdalena Carlos Di Gregorio asegura que “ofrecen reparar la ribera, pero no se piensa en mejorar el hospital con personal médico, por ejemplo, ni se menciona nada relacionado con la salud. Tenemos compañeras que fallecieron de cáncer y nos gustaría saber si estas muertes no tienen relación con el derrame”.