Después de diez años de litigio judicial por uno de los mayores daños al ecosistema costero bonaerense, los habitantes del municipio de Magdalena aprobaron ayer, en una consulta popular, aceptar que la Municipalidad firme un acuerdo extrajudicial con la empresa petrolera Shell, que en 1999 ocasionó el derrame de petróleo en aguas dulces más grave del país. “El 77 por ciento de los vecinos que participaron de la consulta avaló la propuesta presentada por la petrolera”, confirmó a Página/12 Mauricio Carrillo, secretario de gobierno local. La empresa aportará 9,5 millones de dólares a cambio de que la comuna suspenda el juicio que inició a raíz del desastre ecológico. De todas maneras, aún tienen vigencia las demandas a Shell iniciadas por particulares a raíz de los daños causados a la salud, la economía y el medio ambiente.
Cerca de las 8, los pobladores del distrito de Magdalena comenzaron a sufragar. Alrededor de tres mil personas (es decir, el 30 por ciento del padrón electoral) emitió su voto durante la jornada en varias escuelas de las ciudades de Magdalena, Vieytes, Bavio, Payró y Atalaya. “La consulta popular estuvo pensada para todos los ciudadanos del distrito que fue afectado por el derrame de petróleo –explicó Carrillo–. Legalmente estábamos facultados para que el Concejo Deliberante apruebe el acuerdo extrajudicial. Pero tanto los concejales justicialistas como los radicales entendieron que la decisión fuera lo más democrática posible.” La consulta popular, entonces, fue la salida acordada.
Ayer, el 77 por ciento de los vecinos convalidó el acuerdo extrajudicial con Shell. Carrillo explicó que el resultado será presentado el miércoles próximo en el Concejo Deliberante para su aprobación definitiva, un trámite que “se descuenta” que ocurrirá debido al respaldo político anunciado por los líderes del oficialismo (justicialistas) y la oposición (radicales). Luego, en un plazo de entre “dos y tres meses”, se conocerá si la Justicia avala el convenio por beneficiar a la comunidad.
Diez años atrás, el 15 de enero de 1999, el buque “Estrella Pampeana”, de la empresa Shell, y el barco “Sea Paraná” (de la compañía alemana Schiffahrts-Gesellschaft) chocaron en el Río de la Plata. Fue el peor desastre ambiental en aguas dulces en el país: se derramaron 5300 metros cúbicos (es decir, 5.300.000 litros) de crudo en los 30 kilómetros de playa del distrito bonaerense de Magdalena.
Dos meses después, la Municipalidad demandó a la petrolera con el objetivo de que repare el impacto ambiental sobre las costas y realice un manejo adecuado de los residuos peligrosos. En noviembre de 2002, el juez federal platense, Julio César Miralles, condenó a Shell a ejecutar tareas de recomposición del ambiente por un valor de 35 millones de dólares. Tras varias apelaciones de la empresa petrolera, en diciembre de 2007, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que el caso pasara a un juzgado federal de la Ciudad de Buenos Aires. La Justicia, en todo ese tiempo, se ocupó sólo de dirimir en qué tribunal (provincial o federal) debía llevar adelante el caso, con lo cual “la demanda está hoy a foja cero”, confirmó Carrillo.
Pese a que la empresa “sólo limpió entre un 10 y un 20 por ciento de los hidrocarburos derramados, el acta de acuerdo no habla de responsabilidades”, confirmó el secretario de gobierno de Magdalena. Tampoco de indemnizaciones: “La presente transacción se lleva a cabo al mero efecto conciliatorio y no implica el reconocimiento de responsabilidad alguna en los hechos” y, además, la Municipalidad “desistirá de los procesos iniciados”, especifica el acta de acuerdo con Shell.
La compañía anglo-holandesa ofrece los 9,5 millones de dólares como “colaboración desinteresada y no vinculante para brindar asesoramiento legal, ambiental, tecnológico, de diseño y planificación”. El dinero será utilizado para ejecutar un plan de desarrollo turístico en el corredor ribereño de Magdalena y Atalaya, la instalación de un parque industrial y un programa de tratamiento de residuos sólidos para las viviendas locales.
“No somos antidemocráticos, pero este proceso de votación fue una utilización del modelo, vaciándola de contenido.” Así expresó su disconformidad con el resultado de la votación Alejandro Meitin, de la Fundación Ambiental Ala Plástica, una agrupación que impulsa el resarcimiento de la población. Porque, según Meitin, “es una locura llegar a un acuerdo cuando todavía no se sabe si hay gente que murió de cáncer por el derrame”.