Además, dispuso que las autoridades sanitarias y municipales deberán mantenerse en alerta en la lucha contra el dengue, y continuar con sus campañas de concientización, descaharrado y fumigación, además de ponerle telas mosquiteras a los edificios públicos.
Aunque la magistrada desestimó el recurso de amparo presentado por una decena de abogados tartagalenses en representación de los intereses difusos de los habitantes de esa ciudad, el fallo fue vivido como un triunfo por los actores. “No nos hace lugar, pero pide que se cumpla con lo que habíamos pedido. Es muy bueno porque podemos obligarlos a que cumplan con las obras asumidas”, aseguró Carlos Iriarte, uno de los abogados que presentó el amparo.
El recurso había sido presentado luego de que un alud causara desastres en Tartagal el 9 de febrero pasado, y a raíz de la proliferación de la enfermedad del dengue. Los abogados habían responsabilizado a los estados nacional, provincial y municipal por la falta de previsión en ambos hechos, y le habían pedido a la Justicia que ordenara una serie de obras, estudios y políticas a fin de “preservar, restituir y recomponer el medio ambiente circundante y las cuencas alta, media y baja del río Tartagal”.

Incompetencia
Aunque desestimó el amparo, De Feudis hizo lo propio con un recurso de incompetencia planteado por la Provincia. El estado salteño había intentado evitar que la justicia tartagalense se expidiera al respecto, argumentando los magistrados de Tartagal eran “interesados en el pleito”, al ser ciudadanos afectados por el alud, y por entender que la Corte de Justicia era la que debía expedirse sobre litigios dirigidos al gobernador o la Legislatura provincial. Pero además, planteaba que la Justicia no podía “inmiscuirse” en las políticas propias de los restantes poderes.
A su vez, y tal como lo hiciera la Municipalidad de Tartagal, el gobierno había sostenido que “lejos de asumir una conducta omisiva el estado provincial tuvo y sigue teniendo una activa participaciçón en la reestructuración y saneamiento de la ciudad de Tartagal”, y presentaba informes técnicos que sostenían que el fenómeno no había respondido a la inercia estatal, además de mencionar todas las acciones encaradas por el gobierno a raíz del alud.
De Feudis reconoció que los gobiernos nacional, provincial y municipal “se avocaron de inmediato a brindar apoyo a la población damnificada y con acciones tendientes a la recuperación de la ciudad”, pero consideró que la Provincia y la Municipalidad deben controlar e informar a los ciudadanos sobre el cumplimiento de las obras “teniendo en cuenta que se encuen tran interesados derechos fundamentales, como son la salud, los bienes y la protección del medio ambiente”.