No quieren decir nada. No quieren, por ahora, celebrar el resultado del plebiscito realizado entre los vecinos de la localidad de Magdalena el domingo pasado. La plana mayor de Shell Argentina entiende que, pese a que la mayoría de los votantes consideró adecuado aceptar la oferta de 9,5 millones de dólares ofrecida por la petrolera como reparación por el daño ambiental ocasionado luego del choque de dos buques el 15 de enero de 1999, aún no está dicha la última palabra. Porque la última palabra, finalmente, la tendrá la Justicia Federal.
Sucede que por más que el 77 por ciento de los vecinos (unos tres mil ciudadanos de los doce mil que habitan en el partido) votó por el Sí, como el plebiscito no era vinculante, ahora la Justicia Federal deberá evaluar si acepta o no el principio de acuerdo logrado entre los abogados de la compañía y la municipalidad de Magdalena. “Según esto, ahora que los vecinos dijeron que sí, el intendente debería ir a la Justicia y retirarse como querellante. Decir: ‘Señores, no queremos seguir las acciones iniciadas contra Shell’. Pero eso queda sujeto a una lectura del fuero jurídico y existe la posibilidad de que los jueces digan que no porque consideran que el daño ambiental existió y el dinero ofrecido por Shell no es suficiente para repararlo”, explicó a Crítica de la Argentina una fuente cercana a la causa.
El buque petrolero Estrella pampeana, de Shell, chocó el 15 de enero de 1999 contra el buque alemán Sea Paraná. Como consecuencia del impacto, 5,3 millones de litros de hidrocarburos se derramaron frente a las costas de Magdalena. El municipio demandó a la compañía por mil millones de pesos. Pero el 20 de noviembre de 2008, después de años de pleitos en la Justicia, el intendente local, Fernando Carballo, anunció que un acuerdo estaba cerca. En marzo, Shell ofreció 9,5 millones de dólares como reparación, pero sin asumir responsabilidades en el desastre ecológico. Ese ofrecimiento quedó sujeto al resultado del plebiscito.
El secretario de Gobierno, Mauricio Carrillo, explicó lo que significó la votación del domingo para las autoridades de Magdalena. “El plebiscito –dijo– tenía que ver con una instancia de convalidación del acuerdo firmado entre el intendente, Fernando Carballo, y los representantes de la compañía Shell. Pero el juez federal sigue teniendo la facultad de analizar el convenio y homologarlo o no. Nosotros lo que hicimos fue garantizar que el acuerdo tuviera aval de la gente”.
–Pero sólo votaron tres mil personas de las doce mil habilitadas por padrón, ¿eso no convierte el resultado en algo débil?
–Es verdad que votó poca gente. Pero es porque no era obligatorio. En Estados Unidos, como el voto tampoco es obligatorio, fijate que a Obama no lo votó tanta gente. De todos modos, en las últimas elecciones en Magdalena votaron siete mil personas, por lo tanto ahora estuvimos en el 40 por ciento de electores.
El procedimiento ahora debería ser el siguiente: el Concejo Deliberante, con el sí de la población, aprobaría el acuerdo y esa acta viajaría al Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal Nº 3 de Capital Federal, a cargo de Roberto Porti. Si el magistrado le diera curso, las tres causas iniciadas por el municipio contra la compañía Shell caerían automáticamente. Pero seguirían abiertas otras tantas (más de 400) iniciadas por particulares damnificados.
Pero todo podría ser más polémico porque entre especialistas y abogados emerge un debate sobre el costo del daño ambiental. Ocurre que para muchos los 9,5 millones ofrecidos son una cifra irrisoria frente al perjuicio ecológico ocasionado. Y dicen que el acuerdo, tal como está, sería una injusticia.