Hoy, a las 19, el Concejo Deliberante de Magdalena debatirá el acuerdo entre el municipio de esa ciudad y Shell, que fija un resarcimiento de US$ 9,5 millones por el daño ambiental que provocó el derrame de 5300 toneladas de petróleo en el Río de la Plata, tras el choque de los buques Estrella Pampeana, de la mencionada empresa, y el carguero de bandera alemana Sea Paraná, el 15 de enero de 1999.
Este acuerdo, como se informó, fue avalado por 3000 vecinos de Magdalena -el 25 por ciento del padrón electoral- que el domingo pasado votaron en una consulta popular.
El 77% votó por el sí y el 23%, por el no. Ahora, todo indica que el cuerpo deliberativo convalidará el acuerdo: de los 12 concejales que pertenecen al Frente para la Victoria, otros cuatro son de la UCR y también están en favor del convenio promovido por la empresa y el intendente Fernando Carballo.
El acuerdo, sin embargo, debe ser homologado por el juez en lo Civil y Comercial Federal Nº 3 de la Capital Federal, Roberto Porti, a cargo de la causa.
El secretario de Gobierno, Mauricio Carrillo, dijo ayer a LA NACION: "Como se trata de fondos públicos, la decisión tiene que estar controlada por la Justicia. Entendemos que la va a homologar. Hubo una consulta popular y le vamos a aportar toda la documentación del acto electoral, para que vea que hubo un espacio de decisión de la comunidad. Este es un elemento muy fuerte".
El funcionario mencionó otro elemento que, a su parecer, favorece la homologación: "Cuando hay una pretensión de resarcimiento -dijo-, éste tiene que darse en un tiempo prudente. Hace diez años que se inició la demanda por daños y perjuicios, y el proceso sólo ahora está por arrancar, ya que los plazos se suspendieron porque se estaba discutiendo la competencia. Es más, todavía no se le notificó la demanda a Shell".
Además de la demanda que inició la comuna y que ahora pretende cerrar con el acuerdo, existen otras causas de 523 habitantes de Magdalena, que demandaron a Shell por US$ 359.907.384 por los diferentes daños que habría provocado el derrame: pérdidas económicas, enfermedades terminales, incluso suicidio.
Ayer, en diálogo con LA NACION, uno de los abogados de esas 523 personas, Jorge Bibiloni, opinó todo lo contrario que el secretario de Gobierno de Magdalena: "El juez no va a homologar el acuerdo, por varios motivos: es baja la cifra del resarcimiento y no contempla la reparación del medio ambiente; no están especificadas las cosas que se van a hacer en favor del medio ambiente, y el juez tiene que velar para que la reparación sea justa y adecuada. Además, la contaminación sigue y ese dato es esencial".
El abogado cuestionó el valor que tanto el oficialismo como la oposición de Magdalena otorgan a ese "plebiscito no vinculante".