El gobernador Juan Manuel Urtubey firmó el viernes dos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) a partir de los cuales se hizo efectiva la rescinción del contrato con la empresa Aguas de Salta, y se creó la empresa estatal que se hará cargo del servicio que estaba en manos privadas.
Se llamará Compañía Salteña de Agua y Saneamiento SA y su capital accionario estará compuesto por un 90% del Estado y un 10% de los trabajadores de la empresa, según se informó oficialmente.
La Provincia ya se hizo cargo de la compañía, a través de una unidad de transición que está a cargo del secretario de Comercio e Industria, Alfredo De Angelis, y el presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRESP), Armando Isasmendi-La unidad funcionará hasta que a Legislatura trate los DNU firmados por el gobernador. En caso de que las normas no fueran aprobadas o rechazadas por ambas cámaras dentro de los próximos 90 días, se transformarán automáticamente en ley, tal como lo estipula la Constitución provincial.
Aunque todavía no se conoce el texto de los decretos, según informaron oficialmente, el gobierno le otorgó a la flamante sociedad estatal las misiones de "mantener las condiciones operativas del servicio; cumplir con el pago de las obligaciones derivadas de los vínculos laborales del personal; mantener los bienes muebles, inmuebles e inmateriales; y recepcionar toda documentación vinculada al funcionamiento del servicio", entre otras.
Los funcionarios provinciales se comprometieron a no aumentar la tarifa de agua al menos, hasta fin de año.

Silencio
Mientras tanto, los directivos de la empresa Aguas de Salta parecen haberse llamado a silencio. En diálogo con Nuevo Diario, la representante institucional de la compañía concesionaria, María Laura Terán, informó que las autoridades de Aguas de Salta "no tienen por el momento un mensaje para transmitir". En este sentido, anticipó que, cuando lo tengan, lo van a dar a conocer a través de un comunicado de prensa.
Según pudo averiguar Nuevo Diario, la empresa ya se venía preparando para esta situación, luego de que fracasaran las negociaciones con la Provincia. Resta saber si la ex concesionaria iniciará acciones legales contra el gobierno por la rescinción del contrato.

Piden que el gobierno reduzca la tarifa
Mediante un comunicado, Carlos María Pagano, uno de los miembros de la Junta Promotora del Agua pidió que el gobierno tome la decisión de reducir la tarifa, una vez que reasuma la prestación del servicio de agua y saneamiento
Pagano cuestionó que se haya anunciado que la tarifa no se va a incrementar hasta fin de año, por entender que "en realidad lo que (el gobierno) debe hacer es reducirla ipso facto, al menos, en un 50%, pues se trata de una de las más infladas del país -si no la más inflada- en una de las provincias más pobres".
Además, el integrante de uno del movimiento que se ocupó de cuestionar la concesión a Aguas de Salta de un servicio vital, entendió que éste no debía dejarse en manos de otra sociedad anónima, por más que sea estatal.
"Quitarle a una (sociedad) anónima para hacer otra (sociedad) anónima es pasar de un negocio a otro negocio", aseguró Pagano. En este sentido, evaluó que "un derecho humano (como lo es el agua) no puede ser objeto de negocio".
La Junta Promotora del Agua fue activa cuestionadora de la tarifa y el servicio que prestaba la concesionaria.