La Asociación Multisectorial del Sur en Defensa del Desarrollo Sustentable presentó ante la Corte Suprema una "acción de amparo ambiental" contra la demora del Poder Ejecutivo en "sancionar y promulgar" la reglamentación de la ley de protección de los glaciares.
Los abogados Andrés Gil Domínguez y María Paulina Martínez, en representación de la ONG, denunciaron al Gobierno por "la omisión inconstitucional que consiste en la omisión de sancionar yo promulgar la pertinente normativa que establezca los presupuestos mínimos de protección de los glaciares y del ambiente periglacial".
La acción de amparo advierte que se trata de "reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas".
La presentación reclama el dictado de una medida cautelar de "no innovar" que ordene al Estado "que se abstenga de autorizar la realización de cualquier actividad que implique la destrucción o traslado de los glaciares y periglaciares, o bien que interfiera en su avance".
El escrito apunta esencialmente a prohibir "la liberación,dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza y volumen, y la construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica".
Así, se limitaría sustancialmente la "exploración y explotación minera o petrolífera" y la "instalación o desarrollo de obras o actividades industriales", sostiene la presentación.